México: es hora de que la democracia llegue a los jueces

JUAN GARCÍA

En plena campaña de EEUU y sus aliados para pedir “más democracia” en Venezuela, ha pasado desapercibido cómo EE UU y Canadá y sus respectivos oligarcas han exigido al gobierno mexicano que frene una reforma democrática, la del Poder Judicial.

A los nacionales de México, España y otros tantos países nos afirman que vivimos en una “democracia”. Es de perogrullo aclarar que democracia significa poder popular, algo que de forma plena no existe en ningún estado contemporáneo. Los países occidentales adoptaron el sistema de separación de poderes con elección popular de los órganos legislativos, este es el modelo al cual Salvador Allende llamaba “institucionalidad burguesa”. Usualmente se confunde la democracia con el modelo político nacido de la revolución francesa. La institucionalidad burguesa se basa en la libre elección popular de los cargos políticos. Si bien esta norma se cumple (teóricamente) siempre para los parlamentarios y en ocasiones para los miembros del poder ejecutivo, pocos son los sistemas que establecen un sistema de elección democrático de jueces y magistrados del poder judicial. Esta es la principal falla del modelo teórico de la institucionalidad burguesa, que uno de los poderes no tenga legitimidad democrática. Los teóricos de la división de poderes afirman que es suficiente el juramento o promesa de los jueces en los que se comprometen a estar sujetos a la constitución y las leyes. Pero solo los más cándidos e inocentes se pueden conformar con esta justificación.

El que los jueces queden al margen de la elección democrática también se ha intentado justificar por dos argumentos: Los jueces requieren formación jurídica y además continuidad vitalicia en el cargo para asegurar su independencia.

Lo cierto es que la institución del jurado prueba que se puede juzgar sin formación legal y sin tener que ser una dedicación de por vida. Además, aún aceptando ambos argumentos, nada impide que la elección popular pueda estar limitada a personas con la formación jurídica necesaria para impartir justicia.

Esta desconfianza burguesa a la elección democrática del Poder Judicial se comprende fácilmente leyendo los editoriales, noticias y entrevistas de los medios propiedad de la oligarquía. Por ejemplo el editorial de El País del pasado 13 de septiembre “Reformar la justicia en México”, en el que se afirma:

“Nadie duda de que el sistema judicial necesitaba de una reforma drástica. Lejana, obsoleta y con grandes vetas de corrupción, la justicia sufre en México una crisis de credibilidad. Es precisamente esa falta de confianza, ampliamente extendida entre las capas populares, la que ha permitido a López Obrador llevar adelante un proyecto tan radical. Y lo ha hecho, aunque a sus críticos les cueste reconocerlo, por la vía democrática tanto electoral como parlamentaria. Algo que, en este caso, no asegura su buen término. El primer efecto de la medida ha sido generar incertidumbre. El peso se ha depreciado y las dudas de los inversores internacionales persisten, pese a los esfuerzos del Gobierno por tranquilizarlos. Es un horizonte complejo donde incluso Estados Unidos ha manifestado sus preocupaciones”.

Este editorial es uno más de la mucha opinión publicada contra la democratización de la justicia.

Es evidente que los oligarcas y la autoridad imperial están más cómodos con los jueces de carrera. Pero curiosamente, muchos de los estados de EEUU sí que eligen popularmente a sus jueces, fiscales e incluso comisarios de policía, pero esta fórmula no gusta que se aplique en su “patio trasero”.

En América Latina, las injerencias de EEUU en los procesos transformadores han pasado de ser golpes de estado protagonizados por el ejército al lawfare o golpe de estado “legal” ensayado con éxito en Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia, Honduras o Guatemala. Diríamos, siendo un poco cínicos, que este cambio en la política exterior usamericana es menos agresiva para las clases populares pues es menos cruenta que cuando se encargaba la represión y el cambio de gobierno a los ejércitos. La represión que vivieron Chile, Argentina, Paraguay o Brasil no tiene parangón con el lawfare mediante el cual “solo” se encarcela al presidente del gobierno y las “únicas” víctimas civiles son las de la represión contra el golpe legal, por ejemplo lo ocurrido en Perú.

Pero no solo hay que tener en cuenta la permeabilidad de gran parte de la casta judicial a las presiones para el derrocamiento de gobiernos de izquierda, sino que a la oligarquía le interesa también la facilidad con la que se compran decisiones judiciales, sin que los fallos escandalosamente injustos e ilegales supongan ningún tipo de sanción a los jueces prevaricadores. Esto es especialmente clamoroso en México donde la magistratura se ha significado en defensa de los intereses de los capitalistas en contra de las políticas redistributivas de López Obrador.

La legislación emanada de las instituciones democráticas mexicanas ha sido frenada por el Poder Judicial Mexicano, que ha anulado hasta setenta y cuatro leyes durante este gobierno con pretextos infumables y ha favorecido la evasión fiscal de los megaricos mexicanos.

Y lo más escandalosamente antidemocrático, es la pretensión de la judicatura y la derecha política de que el órgano que controla disciplinariamente a la judicatura, en el Reino de España el Consejo General del Poder Judicial, lo elijan los propios jueces.

Si el corporativismo es un problema en general, en el caso de la carrera judicial es escandaloso. Que ellos mismos, sin ningún control externo, decidan las sanciones disciplinarias y los ascensos supone blindarse frente a cualquier contrapeso democrático. Bajo el pretexto de asegurar la independencia del poder judicial, se está fomentando la impunidad y la arbitrariedad. La independencia de los jueces no es más que el medio para conseguir la imparcialidad. Este último es el principio que debe regir la actuación de la magistratura, algo que a menudo se olvida y no se exige a los jueces que demuestran sus preferencias hacia los más poderosos.

No puede ser democrática una casta que proviene necesariamente de una clase media adinerada, en muchos casos hijos y nietos de otros magistrados. La elección popular de jueces dificultará tanto el lawfare como la complicidad con la corrupción y la evasión fiscal. Y sobre todo, no hay democracia cuando uno de sus tres poderes, el judicial, carece de cualquier tipo de legitimación popular.

Juan García es licenciado en Derecho y analista en varios medios internacionales. Es coautor del libro “Los gobiernos españoles contra las libertades”.