Emilio Silva, presidente de la ARMH: hay un cortafuegos aún hoy que impide investigar los más de 100.000 desaparecidos en España

HORACIO VIXANDE

En los primeros meses de la guerra civil española (1936-1939), en el territorio controlado por los golpistas que se enfrentaban al Gobierno de la República, se produjeron más de cien mil asesinatos y posterior desaparición de personas con lealtad republicana. La mayoría continúan desaparecidos y en esta entrevista Emilio Silva, presidente la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), critica la falta de implicación de las autoridades a la hora de recuperar los cadáveres de las víctimas. Ni siquiera la reciente Ley de la Memoria Histórica hace al Estado responsable, denuncia.

Tras el fracaso golpe de Estado contra la II República española en 1936 y la guerra civil que a continuación iniciaron los sublevados, hubo una serie de persecuciones y asesinatos tanto en un bando como en el otro. ¿Esto es así?

No usaría la palabra bandos. Hay un Gobierno que tiene que parar un golpe de Estado. La guerra genera violencia, pero incluso entre esos dos grupos enfrentados, hay uno que hace de la violencia su discurso, que son los golpistas. Hay unas instrucciones de marzo de 1936 del general Emilio Mola en las que indica qué tipo de violencia hay que aplicar, con qué intensidad y con qué velocidad. Se trataba de una parte del ejército español con experiencia como ejército colonial en el norte de África, donde se aplicaron tipos de violencia muy salvajes. Es una gente que viene con ese aprendizaje, mientras que el Gobierno de la República y su ejército no tienen ese rasgo. Eso no quiere decir que no haya gente enfrentada a los fascistas y que utilizase una violencia indebida, pero en ningún caso el Gobierno de la República ni el 18 de julio [fecha del golpe de Estado], ni en el último momento utiliza la violencia para perseguir opositores políticos.

Además, es muy visible el tipo de violencia porque también es violencia no dejar que la gente entierre a sus muertos. Soy nieto de un desaparecido en un lugar en el que no hubo frente de guerra y mi abuela murió mucho después de que muriese Franco sin poder enterrar el cuerpo de su marido. Es una violencia elegida por la dictadura para generar sufrimiento. Hay grandes diferencias entre los golpistas y el Gobierno.

Para situar a quienes no estén al tanto de las desapariciones de las víctimas del franquismo, ¿cómo, cuándo y dónde se producen las desapariciones?

La mayoría de las desapariciones se producen, por ejemplo, en Galicia, donde no hubo guerra, había un proyecto político que consistía en limpiar cabecillas, sindicalistas, gente que se había significado políticamente y la mayoría se registran entre finales de julio de 1936 y primeros de noviembre de ese año. Mi abuelo era un comerciante de Izquierda Republicana que pedía una escuela pública y laica en su pueblo, esa fue su mayor reivindicación política, cayó asesinado el 16 de octubre.

El ocho de noviembre de 1936, cuando ya se habían producido la mayoría de esos asesinatos, el Boletín Oficial del Estado franquista publica una orden para que, a partir de ese día, ese tipo de muertes se empiecen a inscribir y esto forma parte del diseño que hace el general Mola de cómo va a ser el golpe de Estado con sus instrucciones de que la violencia tiene que ser muy dura: cuanto antes hay que descabezar a todos los grupos políticos, sindicales, culturales afines a la República. En esos tres primeros meses, en lo que se conoce como el terror caliente, se dan la mayoría de las desapariciones. Luego hay muchos desaparecidos por la aplicación de la Ley de Fugas; otros desaparecidos después de ser sometidos a un juicio militar, pero la mayoría son civiles que, como mi abuelo, pasaron unas horas detenidos ilegalmente en algún lugar.

¿También hubo desapariciones en los territorios leales a la República?

En el modus operandi de los grupos armados que se oponían al golpe de Estado y que asesinaron a gente, no se aplicaba generalmente la desaparición forzada. Eran asesinatos, pero no consideraban que negarles el entierro a esas personas formase parte del castigo. Los golpistas se consideraban dueños de los cementerios, entonces eran absolutamente dependientes de la Iglesia católica. Ese castigo de las desapariciones ya lo había utilizado en España Fernando VII contra los afrancesados.

En 1975 muere el general Francisco Franco y en 1977 se producen unas elecciones legislativas en las que también participan los principales partidos de oposición a la dictadura…

Eso no es del todo cierto. Hay un partido que en el año 1936 obtuvo más del 18% de los votos, que era el partido Izquierda Republicana de Manuel Azaña [presidente de la República] y ese partido no se legalizó. Hay otras fuerzas políticas que tampoco fueron legalizadas; eran lo que se llamaba la izquierda del PCE: maoístas, trotskistas. En la derecha, hasta el más ultra pudo participar en aquellas elecciones. Todo eso forma parte de un proyecto. Ese parlamento solo tenía que redactar una Constitución, aunque hizo muchas otras cosas, y por eso los partidos que reivindicaban la República no estaban presentes, porque el PSOE y el PCE aceptaron la monarquía. Hasta Esquerra Republicana de Catalunya tuvo que quitar la R de sus siglas para poder participar. Muchas de las víctimas y desaparecidos no tuvieron una representación política que las defendiera. Estamos hablando de personas que siguen desaparecidas.

En todo caso, la llegada de la democracia no trae consigo un proceso de restitución de la memoria de las víctimas de franquismo, ¿por qué?

Porque los partidos que estaban en el Congreso no lo hicieron. La primera ley de ese parlamento, antes de aprobar incluso un reglamento de funcionamiento, es la Ley de Amnistía. Las elecciones fueron el 15 de junio de 1977 y a principios de julio el Partido Comunista [de España, PCE], presenta un texto de ley de memoria. Poco después lo presenta el Partido Socialista [Obrero Español, PSOE] y después los nacionalistas y a principios de octubre la Unión de Centro Democrático (UCD) [fuerza que gana las elecciones] presenta su proyecto de Ley de Amnistía y, ¡oh casualidad!, todos los partidos que tenían un texto sobre la memoria, renuncian a él y dan su apoyo a la Ley de Amnistía, que daba impunidad a los crímenes de la dictadura en su artículo segundo. Las amnistías, en todo el mundo, aunque tengan los votos de la oposición, son autoamnistías, blindajes que se dan los propios responsables de las violaciones de los Derechos Humanos. Los dos grandes partidos de oposición, el PSOE y el PCE, acordaron que esos crímenes no se iban a tratar como crímenes, de modo que ni siquiera se mencionaron en el parlamento. Esa ha sido una pauta política hasta que empezamos a romper esa ley de hierro en el año 2000.

Que conste que a finales de los 70 se hacen exhumaciones en algunos lugares, sin método científico, quiero decir, con picos y palas. Son familiares que saben dónde están esos cuerpos y los exhuman. Y hay una gente que crea lo que se llamó el Tribunal Cívico Internacional contra los crímenes del franquismo, donde participó el hijo de Bertrand Rusell, donde estaba gente como Pierre Nora, gente que se opuso a la impunidad de la dictadura. Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid en aquellos momentos y nunca me hablaron de esto. Ni de los partidos que no pudieron participar en las elecciones, ni de las exhumaciones, ni de ese Tribunal Internacional, que hizo cosas muy importantes a nivel internacional. Todo eso se silencio porque el argumento para no recuperar la memoria era «es que nadie lo pidió».

En 2007, siendo presidente el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se promulga la primera Ley de la Memoria Histórica.

Antes hubo otras iniciativas, se indemnizaron a presos políticos que habían estado en la cárcel… Nosotros hicimos la primera exhumación científica en 2000. En 2002 fuimos a Ginebra reportando casos de desaparecidos ante el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas. En 2003 por primera vez el caso de España aparece en el Informe Anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Eran los años del gobierno [del Partido Popular de José María] Aznar, que no hace nada. El PSOE lo critica, y Zapatero lo que hace es asumir que tiene que ser coherente con la crítica y en 2004 anuncia la creación de una Comisión Interministerial para estudiar las desapariciones de las víctimas de la dictadura. La Ley de Memoria Histórica entra en vigor el 27 de diciembre de 2007. Es una ley que no responsabiliza al Estado. Hoy estamos, quince años después, en la ARMH atendiendo a los familiares de los desaparecidos porque no tienen ningún sitio oficial al que acudir, ni con aquella ley ni con la que está vigente ahora.

Entonces la nueva Ley de la Memoria Democrática ¿también es incompleta?

¿Dónde tienen que acudir las víctimas? Esa institución no existe.

La ARMH ha llevado adelante 158 exhumaciones, lo que implicó la localización de 1.337 víctimas. ¿Es así?

No puedo decirlo exactamente porque no me encargo de las exhumaciones. Creo que es algo más.

¿Se sabe cuántas víctimas hay desaparecidas?

La única estimación que se ha hecho, dado que el Estado no ha querido hacer una, tras una causa abierta en la Audiencia Nacional, habla de 114.226 personas. Solo en Andalucía hay 47.000 desaparecidos. De todas formas, nunca se va a saber.

Supongo que el objetivo es modificar la ley.

No es modificar la ley; el objetivo es que la justicia haga lo que tiene que hacer, pero hay un cortafuegos que pone el poder político para evitarlo. Las desapariciones forzadas son varios crímenes en uno: una detención ilegal, seguida de torturas, continuada con el asesinato y rematada con la ocultación del cadáver para negar a la persona asesinada su derecho a una memoria perpetua, a dejar una piedra con su nombre en un sitio y para imponer el dolor a su familia, a sus amigos, a sus compañeros del sindicato, a su entorno. Son delitos, según el derecho internacional, ratificado por España, que solo empiezan a prescribir a partir del momento en el que se conoce el paradero de la persona desaparecida. Estos delitos prescriben al cabo de 20 años de la localización y los de los exhumados desde el 2003 aún no han prescrito.

La mejor política de la memoria se hace en los juzgados y en las aulas, pero sobre todo en los juzgados y el poder político durante 47 años se ha encargado de impedirlo.

El problema es la incertidumbre. La herramienta para generar sufrimiento es no haber podido ver el cadáver. En esta “Península”, desde hace más de 300.000 años hay evidencias de que a la gente se la entierra con cariño y aquí hay esta anomalía de que hay miles de familias que no han podido hacerlo.

Horacio Vixande es periodista.