Ana Miranda: los eurodiputados del PPE han lavado la cara a la extrema derecha

JAYRO SÁNCHEZ

Ana Miranda es una jurista y política gallega. Ha sido diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Parlamento Europeo durante la pasada legislatura, y vuelve a presentarse en la lista Ahora Repúblicas a las elecciones que lo renovarán el próximo domingo. En 2019 esta coalición -integrada ahora por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, el BNG y Ara més- obtuvo tres escaños. Hablamos con ella sobre los preocupantes desafíos que afronta Europa y el ascenso de la extrema derecha.

Eres la tercera de la lista de Ahora Repúblicas. Se prevé que los partidos más beneficiados en los comicios sean los ultraderechistas. ¿Cómo deben afrontar ese avance las fuerzas progresistas?

Nosotros somos los representantes del BNG en el frente común de Ahora Repúblicas. Desde luego, nos definimos como una fuerza de izquierdas y antifascista que tiene una trayectoria política en las calles, el Parlamento y algunos gobiernos del Estado español.

Tenemos un firme compromiso con la defensa de la justicia social y la igualdad, y estamos en contra de las propuestas de las fuerzas de ultraderecha. Estas ya llevan mucho tiempo insultándonos como pueblo y sociedad. En especial, a grupos como la clase trabajadora, las mujeres o los extranjeros.

Son incapaces de entender las diversidades y diferencias que nos caracterizan, y solo saben desvelar su falta de argumentos a través de las fake news y de los delitos de odio. Creo que lo que hay que hacer es combatirlas desde el Parlamento Europeo con las voces de los partidos izquierdistas que defienden causas justas.

Hace unos años, el ascenso de formaciones como Agrupación Nacional, Vox o Hermanos de Italia en las instituciones de la Unión Europea parecía imposible. La derecha tradicional todavía mantenía su hegemonía sobre los caladeros de voto conservadores e instrumentalizaba a sus colegas más radicales para conseguir sus propios objetivos. ¿Cómo es posible que ahora compita con ellos?

El problema es que los eurodiputados del Partido Popular (PP) y sus compañeros de filas en Europa han lavado la cara a individuos como Hermann Tertsch o Jorge Buxadé. Por desgracia, los miembros de la «iberoesfera» tienen mucha influencia e impunidad.

Pero yo, como representante de los votantes del BNG, he intervenido en el Parlamento Europeo para denunciar las políticas agresivas que, por ejemplo, ha ejecutado Matteo Salvini contra los derechos de las mujeres o los de los migrantes.

También he sido autora de la resolución sobre el avance del neofascismo en nuestro continente, y he condenado las políticas de blanqueamiento de organizaciones como la Fundación de la Falange o la Fundación Francisco Franco. No podemos permitir que haya instituciones antidemocráticas, homófobas, racistas, machistas o xenófobas en la Unión Europea.

La reforma del Pacto de Asilo y Migración que se aprobó el pasado mes de febrero ha sido una de las medidas más polémicas tomadas por la UE en los últimos tiempos. Amnistía Internacional afirma que «aumentará el sufrimiento en cada paso del viaje de quienes busquen» refugio en Europa. ¿Esta nueva legislación puede garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes?

Nosotros creemos que no, y por eso hemos votado en contra de ella.

Hace unas semanas, el diario El País y Lighthouse Reports publicaron una investigación que revela que la Unión Europea ya externalizaba sus fronteras antes de la aprobación del acuerdo. Lo hacía financiando a Marruecos, Túnez y Mauritania para que se deshiciera de los migrantes subsaharianos que quieren llegar hasta nuestras costas.

Es cierto. Yo he estado en los campos de refugiados de Calais y he visto con mis propios ojos, desde la cubierta de uno de los barcos de Open Arms que navegaba en aguas fronterizas con Libia, cómo se pretendía disuadir a las embarcaciones que intentaban rescatar a los migrantes perdidos en las aguas del Mediterráneo.

No podemos apoyar las políticas que externalizan las fronteras, crean puntos de control en los centros de internamiento y permiten las devoluciones en caliente. Tenemos que denunciar lo que está pasando.

La señora Ursula von der Leyen, el PPE, el Partido Socialista Europeo (PSE) y los grupos de centro y extrema derecha han dado su visto bueno a este pacto. Les da igual que vaya contra los derechos humanos.

Los representantes del BNG y otros diputados creemos que las normativas de migración de la Unión Europea tienen que adaptarse a los estándares recomendados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que no pueden ser como las que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) viene realizando.

Otro tema pendiente para Europa es el de la guerra en Ucrania. Países como Turquía y Brasil se han ofrecido a mediar para ponerle fin, pero otros estados han reimplantado el servicio militar obligatorio y están invirtiendo mucho dinero en el desarrollo de sus capacidades bélicas. ¿Qué soluciones propone la UE para acabar con el conflicto?

Nosotros queremos utilizar la vía diplomática para que Rusia y Ucrania puedan resolver su contienda de una manera cooperativa y pacífica, como pide la ONU. Lo que ocurre es que hay determinados actores que tienen mucho interés en mantener la lucha avivada.

El Parlamento Europeo acaba de aprobar la Ammunition Act y el incremento del gasto militar. Alemania, que es quien influye en las instituciones comunitarias a través de la señora Von der Leyen, está presionando para que el dinero que debería destinarse a financiar las políticas de cohesión y desarrollo territorial se gaste en balas.

Este año, la Unión Europea ha aumentado su presupuesto militar en un 30%. Pero es que el Gobierno español, que dice ser de izquierdas, ha elevado el suyo un 23%. Nosotros no estamos de acuerdo con estas medidas. Queremos una Europa de la paz, no de la guerra. Y sabemos que, cuanto más dinero se paga para comprar armamento, menos se puede invertir en escuelas, pensiones y viviendas.

La nueva escalada vivida en Palestina es otro problema importante en el que la UE juega un papel fundamental. El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido órdenes de detención contra el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres altos mandos de Hamás. ¿Qué consecuencias podría tener la decisión de sus jueces?

Seguro que serán relevantes, aunque pienso que no solo debería perseguirse a Netanyahu en la Corte Penal Internacional. La Unión Europea debería personarse respecto a lo que está ocurriendo en esa región del mundo, pero está demasiado influida por el sionismo.

De hecho, tiene una actitud cacofónica dictada por las voces de la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Ella ha sido una adalid de Israel desde el principio, y ha conseguido que se establezca una política hacia Palestina que me parece errónea por completo.

España, Noruega e Irlanda han reconocido al Estado palestino de forma reciente. ¿Puede este hecho impulsar algún cambio de posición del bloque europeo en cuanto al conflicto?

Este paso ha sido importante, pero debemos hacer más. Deberíamos romper nuestras relaciones diplomáticas con este país y el acuerdo de asociación comercial que hemos firmado con él, así como condenar el genocidio. Los eurodiputados del BNG y otros grupos conseguimos que el Parlamento también emitiera una resolución pidiendo el cese al fuego.

Sin embargo, a pesar de la presión que hemos ejercido para que se condene el genocidio desde esta misma instancia, la derecha y una parte de los diputados socialistas lo han impedido.

De todas formas, podemos hacer más cosas. Exigimos que se cumplan las resoluciones aprobadas para impedir la exportación de los productos robados en las colonias israelíes, y que las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas empiecen a ser observadas.

Además, queremos que, ya que Israel no deja que determinados representantes políticos entren allí para saber lo que está ocurriendo, las presidentas de la Comisión y el Parlamento de la Unión Europea, las señoras Von der Leyen y Roberta Metzola, prohíban la entrada de sus enviados en nuestras instituciones.

Los integrantes de la UE parecen no tener una postura común en casi ningún asunto. Sobre todo, en lo que se refiere a la reacción frente al cambio climático. Se han activado varios proyectos con los que ejecutar una revolución verde que permita alcanzar la sostenibilidad medioambiental. ¿Hasta qué punto pueden ser efectivas la prohibición de la venta de vehículos de combustión interna y la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027?

En efecto, estamos en un momento en el que tenemos que escoger entre la guerra y la paz, el gasto social y la austeridad, el racismo y la igualdad, el feminismo y el machismo…

La PAC ha sido uno de los grandes debates que se han dado en nuestro seno. Las distintas derechas y los grandes terratenientes quieren evitar que la Unión Europea lance políticas agrarias más justas y equitativas. Nosotros defendemos que la concesión de las ayudas agrícolas se realice mediante el criterio del reparto territorial y no el de la productividad. En Galiza, hay productores que reciben un tercio menos de lo que reciben sus homólogos franceses, alemanes o del sur de España.

En cuanto a la cuestión de los vehículos de combustión, la urgencia climática nos exige cambios. Pero estos no pueden drásticos, tiene que haber una adaptación razonable. Tenemos que pensar en la industria de la automoción europea, que es muy importante.

Por otro lado, debemos legislar para acabar con otras sustancias contaminantes, como las producidas por las industrias o los pellets. Hay que redoblar los esfuerzos para afianzar las instalaciones de saneamiento de las aguas y ampliar la Red Natura. Y apoyar las políticas y a quien las ejecuta, que muchas veces son los ayuntamientos y territorios más pequeños.

A la Unión Europea se le llena la boca hablando del pacto verde, aunque luego se permite invertir en armamentos y en tecnologías contaminantes, lo cual demuestra la hipocresía de algunos de sus representantes.

Jayro Sánchez es periodista español.