La farsa judicial contra Julian Assange

FABIAN SCHEIDLER

Los que dicen la verdad necesitan un caballo rápido», dice un proverbio armenio. O necesitan una sociedad que proteja la verdad y a sus mensajeros.

Pero esta protección, que nuestras democracias dicen ofrecer, está en peligro. Como periodista, Julian Assange ha publicado cientos de miles de archivos que documentan crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, Irak, Guantánamo y otros lugares. La autenticidad de los documentos está fuera de toda duda.

Sin embargo, ninguno de los autores ha comparecido ante la justicia ni ha sido condenado. En cambio, el mensajero lleva cinco años encarcelado en una prisión de alta seguridad de Londres con problemas de salud que ponen en peligro su vida, tras haber pasado previamente siete años encerrado en la embajada de Ecuador. No ha sido acusado de ningún delito en el Reino Unido, en ningún país de la UE ni en su país de origen, Australia.

La única razón de su penosa privación de libertad es que el gobierno de Estados Unidos ha iniciado un procedimiento de extradición acusando al periodista Assange de espionaje, invocando una ley que se remonta a hace más de cien años, a la Primera Guerra Mundial: la Ley de Espionaje.

Nunca antes se había acusado a un periodista en virtud de esta ley. Por tanto, el proceso de extradición sienta un peligroso precedente. Si prospera, todos los periodistas de la Tierra que denuncien crímenes de guerra de Estados Unidos tendrían que temer correr la misma suerte que Assange. Sería el fin de la libertad de prensa tal y como la conocemos. Porque se basa en la capacidad de sacar a la luz los lados oscuros del poder sin miedo al castigo. Cuando esta libertad se extingue, no sólo muere la libertad de los periodistas, sino la libertad de todos nosotros: la libertad frente a la arbitrariedad del poder.

Sólo por esta razón, este proceso de extradición nunca debería haber sido aceptado por los tribunales en un sistema legal que funcione. Julian Assange no actuó en modo alguno como espía, sino como periodista y, como tal, está sujeto a una protección especial. Por cierto, el testigo clave para la acusación de espionaje fue el notorio estafador y pedófilo convicto Sigurdur Ingi Thordarson, que admitió en 2021 que había mentido en nombre del FBI y que se le había concedido inmunidad judicial.

Imaginemos el caso con los papeles invertidos: Supongamos que un periodista australiano hubiera publicado crímenes de guerra cometidos por los servicios militares y de inteligencia rusos y buscara protección en un país de Europa Occidental. ¿Considerarían seriamente los tribunales un procedimiento de extradición a Moscú por espionaje, especialmente si el testigo clave es un criminal convicto?

Assange se enfrenta a la absurda condena de 175 años en Estados Unidos. Es de temer que no sobreviva a las durísimas condiciones del tristemente célebre sistema penitenciario estadounidense. Por esta razón, el Tribunal de Magistrados de Londres detuvo inicialmente su extradición en 2021. El gobierno estadounidense publicó entonces un documento en el que afirmaba que Assange no se enfrentaría al régimen de aislamiento. Sin embargo, según Amnistía Internacional, esta declaración «no vale ni el papel en el que está escrita», ya que la nota diplomática no vinculante reserva al gobierno estadounidense el derecho a cambiar de postura en cualquier momento. Sin embargo, el Tribunal de Apelación consideró que este papel era suficiente para allanar el camino a la extradición, una parodia de la justicia, como señaló Amnistía.

Las vistas, que tuvieron lugar los días 20 y 21 de febrero en el Tribunal Superior de Londres y cuyo veredicto se espera para marzo, son la última oportunidad que tiene Assange de recurrir esta decisión de extradición. Sin embargo, existe un alto riesgo de que se vuelva a dar la vuelta a la ley. Como informa la plataforma de investigación Declassified UK, uno de los dos jueces, Jeremy Johnson, trabajó anteriormente para el servicio secreto británico MI6, que está estrechamente entrelazado con la CIA y cuyas actividades ilegales salieron a la luz pública gracias al trabajo de Julian Assange.

Para Julian Assange, el juicio en sí ya se ha convertido en un castigo. Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura, concluyó, tras minuciosas investigaciones, que Assange había sido sometido a tortura psicológica sistemática durante años. El hecho de que Estados Unidos estaba dispuesto a ir aún más lejos salió a la luz en septiembre de ese mismo año: según informaciones publicadas en The Guardian, altos cargos de los servicios de inteligencia, entre ellos el entonces jefe de la CIA y más tarde secretario de Estado, Mike Pompeo, planeaban secuestrar y asesinar a Assange en 2017. Los antecedentes: Wikileaks había publicado ese año documentos que se conocieron como «Vault 7». En ellos se muestran las actividades masivas de la CIA en el campo de la guerra cibernética y se demuestra cómo el servicio secreto interviene de forma sistemática y exhaustiva en navegadores web, sistemas informáticos de automóviles, televisores inteligentes y teléfonos inteligentes, incluso cuando están apagados. Esta fue una de las revelaciones más sensacionales de Wikileaks desde las filtraciones de Edward Snowden, que destapó la vigilancia ilegal masiva de la NSA. La CIA no perdonó a Assange este golpe y posteriormente clasificó a Wikileaks como «servicio de inteligencia hostil no estatal», un neologismo trascendental que permitía declarar a los periodistas enemigos del Estado. Después de que Pompeo se convirtiera en Secretario de Estado en 2018, el gobierno estadounidense inició el proceso de extradición. Esta medida sustituyó al plan original de secuestro y asesinato de Pompeo, con el mismo objetivo: la destrucción de un periodista incómodo.

Las revelaciones de denunciantes como Edward Snowden y Chelsea Manning y de periodistas como Julian Assange han demostrado que, a la sombra de la llamada guerra contra el terrorismo, en las últimas décadas ha surgido un vasto universo paralelo obsesionado con el espionaje ilegal de sus propios ciudadanos y el encarcelamiento arbitrario, la tortura y el asesinato de opositores políticos. Este mundo escapa en gran medida al control democrático, es más, está socavando el orden democrático desde dentro.

Sin embargo, esta evolución no es totalmente nueva. En 1971, unas filtraciones revelaron un programa secreto del FBI para espiar, infiltrarse y desbaratar los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra, que se conoció como COINTELPRO. Ese mismo año, el New York Times publicó los Papeles del Pentágono filtrados por el denunciante Daniel Ellsberg, que demostraban que cuatro administraciones estadounidenses sucesivas habían mentido sistemáticamente a sus ciudadanos sobre el alcance y los motivos de la guerra de Vietnam y los crímenes de guerra masivos cometidos por el ejército estadounidense. En 1974, Seymour Hersh reveló los programas secretos de la CIA para asesinar a jefes de Estado extranjeros y la operación encubierta para espiar a cientos de miles de opositores a la guerra, que funcionaba bajo el nombre en clave de «Operación CAOS». Impulsado por estos informes, el Congreso estadounidense convocó en 1975 el Comité Church, que llevó a cabo una revisión exhaustiva de las operaciones secretas y condujo a un mayor control parlamentario de los servicios.

Julian Assange forma parte de esta venerable tradición periodística y ha contribuido decisivamente a su renovado florecimiento. Sin embargo, hay una diferencia importante con los años setenta: Hoy, el periodista de investigación más importante de su generación es abiertamente perseguido, criminalizado y privado de libertad. Cuando los estados declaran que la investigación de delitos es un delito en sí mismo, la sociedad entra en una peligrosa espiral descendente, al final de la cual pueden surgir nuevas formas de régimen totalitario. Ya en 2012, Assange comentó, en aquel momento, en relación con las tecnologías de vigilancia cada vez más exhaustivas: «Tenemos todos los ingredientes para un Estado totalitario llave en mano».

Si las autoridades estadounidenses consiguen condenar a un periodista por denunciar crímenes de guerra, esto tendría otra grave consecuencia. En el futuro, sería aún más difícil y peligroso sacar a la luz la sórdida realidad de las guerras, especialmente de aquellas guerras que a los gobiernos occidentales les gusta vender como misiones civilizadoras con la ayuda de periodistas empotrados. Si no conocemos la verdad sobre estas guerras, será mucho más fácil librarlas. La verdad es el instrumento más importante de la paz.

Julian Assange aún no ha sido extraditado ni condenado. A lo largo de los años, se ha formado un notable movimiento internacional en favor de su liberación y de la defensa de la libertad de prensa. Muchos parlamentarios de todo el mundo también están alzando la voz. El Parlamento australiano, por ejemplo, apoyado por el primer ministro, Anthony Albanese, aprobó por amplia mayoría una resolución pidiendo la liberación de Assange. Un grupo de más de 80 miembros del parlamento alemán se ha sumado a esta petición. Sin embargo, el Gobierno alemán sigue negándose a ejercer una presión seria sobre el gobierno de Joe Biden, que continúa persiguiendo a Assange. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, que como candidata a canciller por el Partido Verde se había pronunciado a favor de la liberación de Assange, ha evitado insistentemente las preguntas sobre el tema desde que se incorporó al gobierno. Durante meses, su ministerio ha dejado sin respuesta las preguntas de los diputados sobre el caso, para luego poner excusas retóricas evasivas. Los principales políticos de la coalición gobernante alemana, a quienes les gusta presentarse a bombo y platillo como los guardianes de la democracia y el Estado de derecho, deben actuar de una vez en este caso de justicia política y exigir inequívocamente la liberación de Julian Assange antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, para ello sería necesario superar la actitud acobardada ante el padrino de Washington y defender realmente los tan cacareados valores de la democracia.

Fabian Scheidler es escritor y periodista alemán. Colabora con varios medios alemanes y franceses. Recibió el premio Otto Brenner de Periodismo Crítico. Su trabajo se puede seguir aquí.