El genocidio de los Yanomami durante el gobierno de Bolsonaro

CECILIA VALDEZ

Al menos 570 niños yanomami murieron en los últimos cuatro años “por contaminación de mercurio, desnutrición y hambre”, según el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Después de visitar el estado amazónico de Roraima, el presidente de Brasil, Lula da Silva, declaró la emergencia sanitaria de la Tierra Indígena Yanomami, habitada por unos 28 mil indígenas. Lula sostuvo que lo que había visto más que una crisis humanitaria, era un genocidio, un crimen premeditado de los Yanomami.

El plan de emergencia incluye una operación para expulsar del territorio a 20 mil garimpeiros (mafias de la minería ilegal); asistencia a los Yanomami que padecen muertes por desnutrición y malaria, contaminación de sus ríos, invasión y devastación del territorio, abusos sexuales y prostitución; y una investigación sobre Bolsonaro y varios de sus funcionarios por omisión que, de probarse, podría constituir un delito de genocidio.

A mediados de marzo, una encuesta de Qaest-Genial señaló que un 68% de los brasileños consultados no logró recordar una sola medida del gobierno desde que asumió el 1° de enero, pero aquellos que sí recordaron alguna mencionaron las medidas adoptadas en torno a la crisis Yanomami. Lula acaba de cumplir 100 días de gobierno, y si bien las encuestas siguen otorgándole un fuerte apoyo, sobre todo de los sectores sociales con menos recursos (40%), todavía está tratando de encontrar los equilibrios necesarios para gobernar.

La minería ilegal en la tierra Yanomami 

La reserva yanomami está ubicada en el estado de Roraima, al noroeste de Brasil, en la frontera con Venezuela, y tiene una extensión de más de 96 mil kilómetros cuadrados (casi la misma superficie de Portugal), aunque la superficie total, a ambos lados de la frontera Brasil-Venezuela, cubre aproximadamente 192 mil kilómetros cuadrados. 

Para 2019, y según datos de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, se calculaba que sólo las áreas brasileñas estaban habitadas por unas 28 mil personas pertenecientes a lo que la Fundación Nacional de Asuntos Indígenas (Funai) describe como “pueblos de contacto reciente”. Es decir, hasta finales del siglo XIX los Yanomami sólo mantuvieron contacto con poblaciones vecinas, y los primeros contactos con poblaciones no indígenas recién sucedieron entre las décadas de 1910 y 1940, tal y como se detalla en el sitio web del Instituto Socioambiental de Brasil (ISA).  Sin embargo, en los años 70, la implementación del “Plan Nacional de Integración”, la apertura de un tramo de la carretera Perimetral Norte (1973-76) y los programas públicos de colonización (1978-79), que tuvieron lugar durante los distintos gobiernos militares de la época, allanaron el camino de la invasión de tierras Yanomami. En ese mismo período, el proyecto de levantamiento de recursos amazónicos RADAM (1975), detectó la existencia de importantes yacimientos minerales en la región. De esta manera, la publicidad dada al potencial minero del territorio desencadenó un progresivo movimiento de invasión de buscadores de oro. 

Entre 1987 y 1990, el número de garimpeiros en el área Yanomami de Roraima se estimó entre 30 y 40 mil, unas cinco veces la población indígena allí residente. Si bien la intensidad de la fiebre del oro disminuyó mucho desde principios de la década del noventa hasta hoy, se calcula que unos 20 mil garimpeiros habitan -al menos hasta la declaración de emergencia de enero pasado-, estas tierras que fueron declaradas reserva ambiental en 1992. La minería ilegal en tierras indígenas de la Amazonía brasileña aumentó un 1.217% en los últimos 35 años, según un estudio del oficial Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) divulgado en febrero pasado. En ese lapso de tiempo, casi toda la actividad minera ilegal de la selva amazónica de Brasil (95%), se concentró en tierras federales indígenas de los pueblos Kayapó, Munduruku y Yanomami. En los últimos cuatro años, bajo la gestión de Jair Bolsonaro, el área deforestada por los garimpeiros pasó de 1.236 hectáreas en octubre de 2018 a 5.053 en diciembre de 2022. Sólo en 2022 perdió 1.782 hectáreas de su reserva producto de la minería ilegal, la cifra había subido un 54% desde 2021.

Los mineros envenenaron el agua, el suelo y los animales

Al menos 570 niños yanomami murieron en los últimos cuatro años “por contaminación de mercurio, desnutrición y hambre”, según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, creado por Lula y encabezado por la líder indígena Sonia Guajajara. El gobierno confirmó que las principales causas de la muerte de 42 indígenas yanomamis en los dos primeros meses de 2023, fueron desnutrición, diarrea y neumonía, todas dolencias asociadas al hambre. 

Los mineros utilizan mercurio para separar el polvo del oro del barro y, de esta forma, envenenan el agua y los peces de los que depende la comunidad. Un análisis gubernamental de cuatro ríos Yanomami mostró que estos contienen niveles de mercurio un 8.600% superiores a lo que se considera seguro. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que presta apoyo técnico desde la declaración de emergencia sanitaria de enero pasado, y participa con una misión de investigación para profundizar en el conocimiento de la situación e identificar las necesidades de atención de salud, advirtió de que la contaminación por mercurio y otros metales pesados ha afectado no sólo a los ríos de la región sino también el suelo y los animales, lo que repercute directamente en la dieta de los indígenas, basada principalmente en pescado, frutas y raíces recolectadas, además de agricultura. También dijo que este escenario ha agravado los casos de desnutrición, infección respiratoria aguda, diarrea, malaria y tungiasis entre la población Yanomami. En respuesta a los casos de desnutrición en niños, el plan implementado por el Ministerio de Salud que incluye la participación de agentes de salud indígenas, promueve la preparación de leche terapéutica: agua, leche en polvo, azúcar, aceite, electrolitos y solución de micronutrientes. Como estrategia para aumentar la aceptación de esta leche entre los Yanomami, se incluyeron en la fórmula alimentos locales como el açai y la banana.  

Alcoholismo, drogas y violaciones

Durante su presidencia, Bolsonaro recibió a delegaciones de garimpeiros que pedían el cese de los controles para ejercer la minería en tierras federales. Según distintas ONG que trabajan el tema, la expansión de la minería ilegal respondió a las políticas de Bolsonaro en la Amazonia con los pueblos indígenas y a su retórica. En febrero de 2020, Bolsonaro aprobó un proyecto de ley que permitía la minería y la generación de energía eléctrica en las reservas indígenas y, según Sumaúma -una plataforma de noticias especializada en la Amazonía-, ese mismo año Bolsonaro fue informado de que los mineros habían destruido una comunidad Yanomami y no tomó ninguna decisión al respecto. Por entonces, un documento entregado al Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI) Yanomami, órgano del Ministerio de Salud en Boa Vista, denunciaba que la minería había invadido las aldeas y causado violencia, alcoholismo y consumo de cocaína entre los indígenas de la aldea de Kayanaú. En el informe, los profesionales del equipo sanitario afirman que los garimperios utilizaban el puesto de salud indígena de la región y tomaban medicamentos y vacunas que eran para los Yanomami. El actual gobierno tomó la decisión de destituir a 54 personas, entre ellas 11 coordinadores regionales de la Secretaría de Salud Indígena (Sesai) y otros 43 jefes regionales y estatales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), incluyendo a 13 militares. El ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, aseguró que también se investiga a la mafia de la minería por haber violado derechos humanos de niñas y adolescentes a las que habrían secuestrado para someterlas a la prostitución y la realización de trabajos domésticos en los campamentos, además del embarazo de 30 adolescentes indígenas que habrían sido violadas por garimpeiros. 

En 2022, con el amparo de Bolsonaro, los empresarios buscadores de metales y piedras preciosas ampliaron un 46% sus actividades ilegales en las reservas indígenas, sobre todo en tierras Yanomami. En 2019, poco tiempo después de asumir la presidencia, Bolsonaro sostuvo que durante su gobierno no habría demarcación de tierras indígenas y que “las reservas dificultan el desarrollo del país”. En la misma línea, desmontó la estructura pública cuyo objetivo era garantizar los derechos de las comunidades indígenas, y sostuvo esta postura no sólo en el frente interno sino también en foros internacionales, lo que se tradujo en un mayor aislamiento de Brasil. Durante la gestión del ultraderechista, tanto Noruega como Alemania se alejaron de Brasil debido a sus políticas ambientales y retiraron sus apoyos, pero luego de la victoria de Lula, y sus promesas por detener la deforestación, ambos países anunciaron el desbloqueo de su aporte económico al Fondo Amazonia, destinado a financiar proyectos de preservación ambiental. El Fondo consiste en unos 576 millones de dólares y Noruega es el principal donante, ya que aporta más del 90%.

“Continuaremos con nuestro apoyo y estamos intentando movilizar también a otros donantes para que se sumen”, dijo a finales de marzo el ministro de Medio Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, durante una visita a Brasilia. Sus anuncios se suman a los del canciller alemán, Olaf Scholz, quien señaló en enero que su país estaba dispuesto a contribuir con 200 millones de euros -unos 210 millones de dólares- para el Fondo, y también a los de EEUU, Francia y España. 

Miles de garimpeiros huyeron pero su presencia es aún fuerte en algunas regiones

El plan integral dispuesto por Lula tras viajar a la reserva en enero pasado, incluye atención sanitaria de emergencia, envío de alimentos, la retirada de los mineros ilegales y el decomiso de helicópteros y otros elementos usados por los garimpeiros. El gobierno detectó al menos 75 pistas clandestinas en territorio Yanomami y ordenó el cierre definitivo del espacio aéreo a partir del seis de abril. En la madrugada del 7 de abril, cuando fueron desactivados los corredores aéreos que permitieron la salida de miles de mineros ilegales del territorio, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó de la destrucción de una nave de pequeño porte utilizada por la minería ilegal y la detención de dos personas en una pista clandestina próxima a la frontera con Venezuela. 

Si bien se estima que miles de garimpeiros ya abandonaron el territorio, estos días imágenes difundidas en redes por distintas asociaciones vinculadas al tema, como Hutukara Yanomami, evidenciaron la presencia de garimpeiros que operan de manera nocturna y que de día entierran los equipamientos, en la región de Xitei. Si bien estas organizaciones reconocen las acciones llevadas adelante por el gobierno en los últimos dos meses, también exigen una vigilancia permanente en los territorios y denuncian que en las regiones de Xitei, Homoxi, Río Couto Magalhaes, Apiaú, Haxiu y la cabecera del Río Mucajaí, todavía es muy fuerte la presencia de la minería ilegal. A principios de marzo, a un mes de iniciadas las operaciones, una comisión del Senado brasileño anunció que alrededor de 19 mil mineros ilegales habían abandonado la reserva Yanomami, y que en el territorio quedaban unos 800.

Órdenes judiciales que no fueron cumplidas

Además de la declaración de emergencia sanitaria de enero, el gobierno puso en marcha una investigación que busca establecer responsabilidades. Las investigaciones están a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público Militar, la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública y la Policía Federal. Ante la Comisión Investigadora del Senado, el procurador Alisson Marugal, del Ministerio Público de Roraima relacionó de manera directa la omisión del gobierno federal entre 2017 y 2022 con la crisis humanitaria del pueblo Yanomami. También señaló que desde 2017, la mafia ilegal actuó de forma descontrolada en el territorio y que en 2019 el Ministerio Público, a través de acciones judiciales, consiguió algunas victorias y exigió acciones al gobierno federal que no fueron cumplidas.

El procurador también se refirió a la explotación sexual de menores y mujeres indígenas y a la distribución de drogas y armas entre los pueblos originarios, lo que, sumado a la contaminación de los ríos y a la imposibilidad del uso del territorio para la plantación, la caza y la pesca, llevaron a una tragedia humanitaria. 

Las declaraciones de Marugal fueron corroboradas por el director del Instituto Socioambiental, Márcio Santilli, quién utilizo el término genocidio para referirse a la omisión del gobierno de los últimos años. Santilli se sumó así a una larga lista de funcionarios de distinto rango que consideraron que lo que sucedió con el pueblo Yanomami se puede calificar de genocidio. Así lo han manifestado, desde el presidente Lula da Silva, hasta la Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien sostuvo que Bolsonaro debería ser investigado por genocidio.

“Ver a los niños del pueblo Yanomami en situación de hambruna demuestra que se trata de un genocidio premeditado”, dijo Silva en un artículo publicado en el diario francés ‘Le Monde’ al tiempo que llamaba a la solidaridad internacional. 

También el referente indígena Yanomami y vicedirector de la asociación Hutukara, Dario Kopenawa, dijo que para referirse a la catástrofe ocurrida bajo la gestión de Bolsonaro usaría el término “onokãe”, una palabra Yanomami que “significa un genocidio que mata gente, derrama sangre y acaba con vidas”. 

Kopenawa explicó que había intentado llevar “la voz de los Yanomami” al vicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão, pero que esas súplicas cayeron en saco roto.

Las investigaciones siguen su curso y desde el Supremo Tribunal Federal (STF), el juez Luis Roberto Barroso, ordenó incluir a miembros del gobierno de Bolsonaro en la investigación por genocidio. El magistrado pidió que la investigación determine si cometieron crímenes como desobediencia de sentencias judiciales y violación de secretos y delitos ambientales en detrimento de la vida, la salud y la seguridad de las comunidades indígenas.

Bolsonaro regresó a Brasil el 30 de marzo después de 3 meses en EEUU  tras ausentarse de la entrega de mando a Lula. Ahora, además de las acusaciones por genocidio, deberá enfrentar otras que lo incriminan por un supuesto contrabando de joyas vinculado al gobierno de Arabia Saudita.

Cecilia Valdez es periodista argentina.