La crisis política en Perú no se resuelve con balas
CESAR ROBLES
Lima
La declaratoria de emergencia por 30 días a nivel nacional que resolviera el gobierno de Dina Boluarte y que permite el ingreso de las Fuerzas Armadas para “apoyar” a la Policía Nacional en su tarea de brindar garantías y seguridad a la población lo único que ha generado es una escalada del conflicto y una agudización de la crisis política en el Perú.
Las protestas se han incrementado en todo el país, y sólo el jueves dejaron ocho jóvenes muertos y 52 heridos en la región de Ayacucho, al sur del país. Muertes ocasionadas por impacto de bala y que han obligado a que la Dirección Regional de Salud declarara en Alerta Roja a todo el sistema sanitario de la región.
La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar ha pedido que se investiguen las causas de las muertes, ya que existen indicios de uso indiscriminado de la fuerza por parte de efectivos del Ejército. Por su parte, el Gobierno regional de Ayacucho ha demandado la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y de los ministros del Interior, César Cervantes, y de Defensa, Luis Alberto Otárola, a quienes responsabilizan de las muertes y los heridos.
En el norte del país la situación también es crítica. En la provincia de Virú, en la región La Libertad, trabajadores de la agroexportación han bloqueado las carreteras, paralizando el tránsito de vehículos a la capital. No hay pase en ninguna de las direcciones, y los pobladores y trabajadores desconocen al gobierno y sus representantes ante el llamado a diálogo planteado por el Ejecutivo.
Dos ministros del Gobierno presentaron su dimisión este viernes, seis días después de asumir sus cargos, por la «desproporcionada» respuesta a las manifestaciones, en las que han muerto ya al menos 21 personas, 12 de ellas en los últimos dos días.
«La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte», escribió la ministra de Educación, Patricia Correa, en la red social Twitter.
El ministro de Cultura, Jair Pérez, dijo en una carta difundida por los medios locales, que las víctimas en las protestas hacen «insostenible» su permanencia en el gobierno.
Hay una crisis política en pleno desarrollo en Perú y con pocos visos de encontrar una salida en el marco institucional que logre armonizar la demanda de la calle, con los intereses de la representación política expresada en el Congreso de la República.
Mientras la calle exige #QueSeVayanTodos!, el Ejecutivo ya ha planteado una propuesta de recorte del mandato y adelanto de elecciones para abril de 2024, algo que no convence ni al propio Congreso de la República, cuyos representantes han señalado que quieren quedarse hasta el 2026.
El pleno del Congreso rechazó el viernes un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para diciembre de 2023.
Lamentablemente, también es preciso reconocer, que no hay una dirección unificada o liderazgos visibles que asuman la indignación de la calle y la transformen en propuestas políticas viables. La espontaneidad y la indignación han rebasado a todos los núcleos o movimientos organizados que intentan dirigir una protesta que ya se está saliendo de todo control.
Finalmente, otro dato no menor es el rol que están jugando los medios de comunicación e información de la capital que promueven salidas violentas y represivas, promoviendo mensajes de sectores radicales y fascistas del militarismo en el congreso, que azuzan y promueven el uso de la represión y de la violencia de las fuerzas armadas para pacificar el país.
Dejar que los problemas políticos se arreglen a balas, es simplemente no tener una lectura adecuada de los problemas del país. A balas no se puede solucionar un problema que a todas luces es político y que ya va cobrando la vida de 21 compatriotas, la mayoría de ellos jóvenes menores de 23 años. Toda una tragedia.
