Se reanudan las protestas en Perú

CÉSAR ROBLES ASCURRA 

Lima

La situación del país se vuelve a tensar y retoma el camino de la confrontación y la polarización ante la llamada de diversos gremios sindicales, movimientos sociales y líderes políticos de izquierda a la denominada “Toma de Lima”, marcha que espera reunir en la capital el próximo 19 de julio a miles de manifestantes para exigir la renuncia de Dina Boluarte y demandar una salida a la grave crisis política por la que atraviesa el país y que se acrecienta día a día.

Justamente en el marco de las celebraciones y festividades por el aniversario de la independencia nacional el 28 de julio, el gobierno tiene que rendir su mensaje a la Nación para detallar el informe anual de su gestión ante el Congreso de la República y anunciar medidas o políticas de gobierno. En ese contexto, miles de ciudadanos estarán movilizados por la ciudad de Lima exigiendo la dimisión de Boluarte, el adelanto de elecciones generales y sanción a los responsables por las muertes de 60 civiles ocurridas en las manifestaciones de diciembre a enero pasados.

Boluarte ha tenido que concurrir la semana pasada a la Fiscalía de la Nación para declarar en relación a las muertes acaecidas en las protestas en contra de su gobierno.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal dijo que las declaraciones de Boluarte fueron absolutamente generales, fáciles de responder y que no contestó a las preguntas de los abogados de las víctimas. 

La presidenta quedó en una situación complicada y no pudo desmentir las conclusiones del informe de la OEA, que afirmaron que hubo un accionar “desproporcionado, indiscriminado y letal que utilizaron las Fuerzas Armadas y Policiales”.

Si en el ámbito judicial la cosa se le empieza a poner difícil, en el ámbito político y social otra vez el gobierno atraviesa por circunstancias críticas de legitimidad.

En las ultimas semanas, en diversos distritos de Lima como Comas o Ventanilla, y provincias del norte como Chiclayo o Piura, la presencia de los ministros y de la propia Dina Boluarte fue rechazada por marchas espontáneas y protestas en forma de lanzamiento de huevos y tomates en actos protocolarios. Precisamente, en la capital y en las regiones del norte del país fue donde menor incidencia tuvieron las protestas anteriores, focalizándose en las regiones del sur del Perú.

Pero ¿qué es lo que está sucediendo para que ahora la protesta empiece a expandirse e irradiarse a todo el territorio nacional?

La mala o nula capacidad de respuesta del gobierno para afrontar los estragos del ciclón Yacu, que azotó principalmente a las regiones del norte del Perú; la pandemia de dengue que venimos padeciendo y que ha registrado 121 mil casos y 126 personas fallecidas, según datos del Ministerio de Salud y que ha hecho colapsar, nuevamente, todo el sistema sanitario en el país; además de la deslegitimidad del propio gobierno, que ha hecho que vuelvan a gobernar los que perdieron las elecciones del año pasado.

Todo esto se convierte en una situación explosiva que está a punto de reventar con el llamado a marchas y movilizaciones para el próximo 19 de julio en Lima.

El movimiento social se rearticula

El movimiento social nuevamente empieza a dar signos de rearticulación y reorganización. La denominada “Toma de Lima” es un intento de canalizar la indignación generalizada que se vive en el país y que, según estimaciones de diferentes empresas de sondeos, roza el 85% de rechazo al gobierno y cerca del 90% de rechazo al Congreso de la República.

Antolín Huáscar, dirigente de la Confederación Nacional Agraria, (CNA), uno de los movimientos más activos de la protesta en Perú, indicó que los gremios sindicales y movimientos sociales han vuelto a ratificar su plataforma de lucha que pasa por la destitución o renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso de la República y la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente que defina el nuevo rumbo que debe asumir el país.

A estas acciones y movilizaciones se ha sumado la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Puno, quienes, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Bandera el 7 de junio, han izado en la Plaza de Armas de Juliaca el estandarte nacional, pero con los colores blanco y negro, en señal de duelo por las víctimas de la represión.

“Hoy es un día muy importante para todos los peruanos, hoy se celebra el Día de la Bandera. Lamentablemente en Puno, y en el resto del país, no podemos celebrar, ya que estamos de luto. La bandera nacional del Perú se ha manchado de sangre”, dijo Raúl Samillán, familiar de una de las víctimas.

Muertes en protestas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales

El informe de la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 por la destitución y posterior encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo es categórico y contundente al calificar de posible masacre los hechos ocurridos en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Puno, al sur del Perú.

Las conclusiones del informe no dejan dudas del accionar desproporcionado, indiscriminado y letal que utilizaron las Fuerzas Armadas y Policiales en situaciones y circunstancias comprobadas de violaciones de derechos humanos en contra de la población civil, y cuya responsabilidad empieza a sacudir a los altos mandos castrenses ante el desmarque del gobierno de Boluarte respecto a las 60 muertes.

“La presidenta de la República es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tiene comando, los protocolos los deciden ellos”, dijo Boluarte ante la prensa nacional e internacional, en un claro distanciamiento de las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por los militares y policías encargados de controlar las manifestaciones en contra de su gobierno.

Estas declaraciones le han granjeado una ola de críticas de diversos sectores políticos, especialmente de la derecha peruana, Renovación Nacional, Fuerza Popular y Avanza País -muy afines y cercanos a los círculos castrenses- que  consideraron que la presidenta y el gobierno se “lavaban las manos”.

Los jefes militares se reunieron posteriormente con Boluarte y le transmitieron su malestar al tiempo que mostraron su preocupación por las consecuencias del informe de la OEA

Las masacres de Ayacucho, Puno y Apurímac

Se han cumplido ya cinco meses de la brutal represión que acabó con la vida de 10 compatriotas en Ayacucho, ciudad en la que, según el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, “se registraron graves violaciones de derechos humanos” que podrían calificarse como una “masacre”.

Las evidencias no dejan de aflorar. Según un informe del semanario Hildebrandt en sus 13, peritajes balísticos forenses de la Dirección de Criminalística practicados a 9 de los 10 fallecidos durante la protesta del 15 de diciembre concluyen que los orificios de entrada y salida son compatibles con impactos de proyectiles calibre 5.56 mm disparados por fusiles de largo alcance como los que los militares del Ejército portaron el día de los hechos.

Otro tanto ocurre con las víctimas de Juliaca, en Puno, donde el 9 de enero, en un solo día de protestas y movilizaciones murieron producto de impactos de bala 18 campesinos. De las 18 víctimas de Juliaca, 15 murieron por heridas causadas por balas que corresponden a la munición usada por los fusiles y pistolas que portaban policías y militares ese día y 3 murieron por perdigones disparados por escopetas del tipo utilizado por la Policía.

Human Rights Watch (HRW) en su informe “Deterioro letal. Abusos por la fuerza de seguridad y crisis democrática en Perú” atribuye responsabilidad directa a los funcionarios y al gobierno de Boluarte y señala que se produjeron “aparentes intentos del gobierno para minimizar los abusos, junto con la aparente pasividad ante pruebas sólidas de abusos, generan interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad”.

“El gobierno debería invitar a una comisión de expertos internacionales independientes para que respalden las investigaciones penales. La comunidad internacional debe apoyar un diálogo nacional amplio sobre las preocupaciones legítimas de los peruanos”, señala el informe, para el que se realizaron 140 entrevistas, se analizaron más de 663 fotografías, se verificaron 37 horas de vídeo y se recopilaron autopsias e informes de balística para reconstruir los hechos.

El papel de la justicia

Para Julio Arbizú, ex comisionado de la OEA, el informe de la comisión pone en evidencia la realización de ejecuciones extrajudiciales y crímenes contra los derechos humanos, además de comprometer seriamente a los autores materiales como policías y militares y a las personas que tenían mando y comando sobre estos destacamentos, en este caso, los ministros de Estado y la propia presidenta de la República.

Arbizú dijo a Globalter que la postura de Boluarte esgrimiendo que ella no tiene comando sobre las Fuerzas Armadas no solo es una dejación de responsabilidad, sino que olvida que esos conceptos están superados por la doctrina de la teoría del dominio del hecho, aplicado al caso del ex presidente Alberto Fujimori.

En este sentido, explicó que en la condena a 25 años de cárcel a Fujimori por delitos de lesa humanidad como el de Barrios Altos y La Cantuta, donde un comando paramilitar denominado Grupo Colina secuestró y ejecutó a 9 estudiantes y 1 profesor de la universidad, se utilizó la doctrina de la teoría del dominio del hecho, ya que el ex presidente tenía perfecto conocimiento de lo que ocurría y sin embargo dejó que las operaciones y acciones paramilitares siguieran su curso.

“Boluarte tenía la capacidad de evitar que estas muertes ocurrieran, y no hizo nada por evitarlo. Es más, su comportamiento posterior es inadmisible, ha justificado la participación y el accionar de la Policía y el Ejercito”, afirmó Arbizú.

El ex comisionado de la OEA también señaló que el Informe puede dar lugar a denuncias penales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos si las investigaciones en el ámbito interno no ofrecen garantías de un debido proceso o se expresan dilaciones injustificadas para procesar y sentenciar a los responsables de estos graves delitos.

El tiempo no juega a favor del gobierno de Boluarte, ya que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

Cesar Robles Ascurra es periodista peruano.