Martín Medem: se ha adulterado la idea de servicio público que regía a los medios

JAYRO SÁNCHEZ

José Manuel Martín Medem es un veterano periodista español especializado en información latinoamericana. Fue corresponsal de RTVE en México, Colombia y Cuba durante una década y ahora es miembro de su Consejo de Administración. En 1982, fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Derechos Humanos.

Hablamos con él sobre el cambio de enfoque propuesto por México y Colombia en la lucha contra las drogas y también sobre los cambios experimentados por el periodismo y su concepción de servicio público.

El pasado septiembre, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y  México, Andrés Manuel López Obrador, anunciaron el fin de la política de la «guerra contra el narcotráfico» durante la Conferencia de Latinoamérica y el Caribe sobre las Drogas celebrada en Cali. ¿Por qué han decidido acabar con ella?

Yo creo que no podrían hacerlo por sí mismos. Por lo que dijeron, entiendo que les gustaría que EEUU, que es el que la ejecuta desde hace 50 años a lo largo del continente americano, terminara con ella. Y esa decisión solo la pueden tomar el Pentágono, el Congreso, el secretario de Estado o el presidente estadounidense. Supongo que los líderes latinoamericanos realizaron esta petición porque, según explicó Petro en la reunión, la «guerra contra las drogas» le ha costado a América Latina un millón de muertos en las últimas 5 décadas.

Aunque esta política sea dejada a un lado, tanto México como Colombia tendrán
que seguir buscando una solución contra el problema del tráfico. ¿Desde qué
enfoque proponen combatirlo?

Insisten en varias cuestiones. Una de ellas es la de actuar sobre la demanda de narcóticos. Quieren que EEUU y la Unión Europea (UE) dejen de centrar sus esfuerzos en matar a los cultivadores latinoamericanos de la hoja de coca y que se dediquen a reducir la cantidad de consumidores de cocaína entre sus propios ciudadanos.

Otra consiste en la adopción de medidas estrictas para controlar el blanqueo de los beneficios de las mafias en el sistema financiero internacional y el abastecimiento de los productos que son imprescindibles para la fabricación de determinadas drogas. López Obrador también desea que Washington cierre las rutas utilizadas por los traficantes del mercado negro para enviar armamento bélico a los grupos narcoparamilitares mexicanos a través de su frontera común. Y Petro realiza continuos llamados para que EEUU desligue de su política internacional la «guerra contra las drogas», recordando los desastres ya acaecidos en Vietnam, Centroamérica y Afganistán.

Por último, ambos países exigen que las administraciones estadounidenses dejen de utilizar la excusa del combate contra el narcotráfico para justificar su política contrainsurgente y sus vínculos con organizaciones paramilitares en América Latina.

Por lo que dices, entiendo que las declaraciones de los presidentes representan un
gesto discursivo antes que una propuesta política. ¿Estoy en lo cierto?

Petro y López Obrador están aprovechando el nuevo escenario de la segunda ola de gobiernos progresistas latinoamericanos para cambiar el tipo de relaciones que EEUU impone a la región en muchos asuntos, entre los que se encuentra el del narcotráfico. Reclaman que la lucha contra esta lacra social debe ser compartida tanto por los países productores como por los consumidores de estupefacientes. Y avisan de un nuevo desafío al que todos tendremos que enfrentarnos más pronto que tarde: la extensión del consumo de cocaína hacia Asia y, más en particular, hacia China.

Los niveles de oferta y demanda de esta droga no han parado de aumentar en todo
el mundo durante los últimos años…

Sí. La población global consume cada vez más cocaína. De momento, sus dos principales mercados de venta son EEUU y Europa. Aun así, el negocio se expande junto con el número de plantaciones de hoja de coca y de laboratorios donde se procesa. Además, la pureza de las dosis también aumenta de forma progresiva.

¿Cómo se podría frenar este problema? Algunos expertos, como el periodista
italiano Roberto Saviano, creen que la única posibilidad de acabar con el
narcotráfico reside en su legalización…

Hay una vieja polémica sobre esta idea. Es curioso, pero los lugares donde más oposición genera son los primeros en adoptarla. Por ejemplo, EEUU es el primer productor mundial de marihuana y uno de los estados cuya legislación es más permisiva con respecto al tráfico del cannabis.

No tengo muy claro si la legalización sería o no la solución. Habría que hacer una d escripción específica del procedimiento utilizado para llevarla a cabo. Y, en este sentido, la propuesta de los gobiernos latinoamericanos para aprobar políticas de salud pública dirigidas a trabajar la prevención y la atención sobre los consumidores me parece muy recomendable.

¿El enfoque de la liberalización tendría mayores beneficios que el de la represión
securitaria y militar?

Lo desconozco. Pero lo que está claro es que debería detallarse en qué ha de consistir la liberalización. Además, tendría que ir acompañada de una política de salud pública para evitar crisis narcóticas como la que ahora vive EEUU, donde el uso masivo de opioides como analgésicos ha provocado el fallecimiento de 500.000 personas y una epidemia de grandes proporciones. Ningún lugar del mundo acumula tantos muertos por el consumo de drogas.

Uno de los principales culpables de esta situación es el OxyContin, el famoso medicamento que hizo multimillonaria a la familia Sackler y que llevó a mucha gente a colgarse de los opiáceos con la excusa de mantener a raya el dolor en la década de 1990.

En la actualidad, ha surgido todo un mercado ilegal de fentanilo a nivel global. La mayoría de los laboratorios donde se fabrica esta sustancia se encuentra en México, aunque sus materias precursoras provienen de China.

Para México, otro tema pendiente de solución es el de la violencia y la inseguridad generadas en su territorio por los llamados cárteles del narcotráfico. ¿Cómo se les está haciendo frente?

La gran contradicción del presidente López Obrador es que, cuando ganó las elecciones en 2018, habló de desmilitarizar la lucha contra estas organizaciones y, sin embargo, ha hecho todo lo contrario. De hecho, el fortalecimiento de la presencia del Ejército en las calles ha desencadenado su intervención en otras tareas de represión.

Más al sur, en Colombia, el Gobierno de Petro vive una situación parecida, ya que no posee la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar leyes que: repartan la tierra, creen puestos de trabajo o sustituyan los cultivos de hoja de coca por otros tipos de plantaciones. En cuanto a la cuestión de las agrupaciones paramilitares, hay que recordar que su origen se puede ligar con la llegada al poder de la Administración estadounidense presidida por John Fitzgerald Kennedy, quien apoyó y armó a los grupos que actuaban como los ejércitos privados de los terratenientes y los ganaderos colombianos a principios de la década de 1960. Luego, estas milicias pasarían a controlar buena parte de los flujos del narcotráfico del país.

EEUU utilizó la cocaína del cártel de Medellín para financiar a los «contras» nicaragüenses a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en sus siglas en inglés). Y solo durante el Gobierno de César Gaviria, cuando Washington había terminado su relación con Pablo Escobar, se decidió acabar con esta organización. Para ello, la Policía y el Ejército colombianos colaboraron con la CIA, la Oficina Federal de Investigación (FBI, en sus siglas en inglés) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus siglas en inglés) estadounidenses, así como con los paramilitares de extrema derecha dirigidos por los hermanos Castaño y el cártel de Cali.

A cambio de su apoyo, estos dos últimos grupos pudieron seguir con sus negocios sin que nadie los molestara. Y por eso Colombia se inundó de nuevo de narcóticos. De hecho, los oligarcas del país cuentan con que Petro termine pronto su mandato para poder sustituirle por algún personaje semejante al expresidente Álvaro Uribe.

Hace tiempo que los «halcones» del Partido Republicano estadounidense incitan al lanzamiento de una operación militar propia en territorio soberano para acabar con los traficantes de droga responsables de la crisis narcótica en EEUU. El presidente López Obrador se ha negado a permitirlo con rotundidad. ¿Es posible que se produzca una confrontación entre ambos vecinos?

No lo creo. En México se están abriendo nuevas formas de expresión política, ya que las dos principales candidaturas a su presidencia están representadas por mujeres. Sea la que sea la que gane, tendrá que plantearse qué solución aplicar a un país dominado por las «narcomafias».

Por cierto, su control de los aparatos del Estado mexicano también se desarrolló durante las presidencias de Ronald Reagan y Miguel de la Madrid, que, al igual que en Colombia, utilizaron a los narcos para armar a los «contras» antisandinistas a cambio de hacer la vista gorda con su droga. La cooperación entre el Estado y los narcos se profundizó con la llegada al poder mediante fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari, quien dio libertad a los traficantes para vender su mercancía a cambio de que mantuvieran la paz en las calles.

Sin embargo, su estrategia no funcionó durante demasiado tiempo. Las distintas organizaciones se dividieron y empezaron a pelearse entre sí, por lo que Gortari, su sucesor, Ernesto Zedillo, y otros presidentes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pactaron con determinados grupos y los protegieron, persiguiendo solo a los que les daban más problemas. México entró en una espiral de violencia y los narcos comenzaron a generar gran parte de su Producto Interior Bruto (PIB).

Además, eran los únicos que podían dar trabajo a la gente joven, dada la pérdida de empleos causada por la firma del Tratado de Libre Comercio de 1992 entre Salinas de Gortari y sus homólogos estadounidense y canadiense, e incluso consiguieron sobornar a gran parte de los miembros de los Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas aplicando la famosa política de «plata o plomo» de Escobar.

Has sido corresponsal de RTVE en México, Colombia y Cuba durante 10 años. ¿Cuáles son las claves que un periodista debe tener en cuenta para informar bien sobre esta region?

No es nada fácil, porque los grandes medios ya no invierten en la figura del corresponsal. Asimismo, los periodistas españoles no tienen la preparación necesaria para hablar sobre esta región, y el público tampoco sabría de qué le estan informando en el caso de que así lo hicieran. La mayoría de los temas que los medios tratan sobre América Latina tienen que ver con conflictos bélicos o fenómenos naturales.

¿Crees que los periodistas hacemos nuestro trabajo con la misma libertad que hace décadas?

Depende del momento en el que nos situemos. Si comparamos la libertad actual con la de la dictadura franquista, ganamos por goleada. Pero, si lo hacemos con la reinante tras la promulgación de la Constitución de 1978, perdemos el partido. Lo paradójico es que deberíamos tenerla en un grado similar. O incluso mayor, teniendo en cuenta la aparición de herramientas como las redes sociales o los medios digitales. Ahora, cualquier asunto se comenta a los 30 segundos de producirse, y es mucho más dificil ocultarlo. Por lo tanto, la teoría nos dice que deberíamos producir mejor información y que los profesionales del sector tendríamos que estar trabajando en condiciones más dignas.

No obstante, si empezamos a pensar en quiénes son los dueños de los medios, en qué medida dependen estos de sus accionistas o en cómo se ha adulterado la idea de servicio público que los regía, nos encontramos con que están bastante condicionados. El gran problema de todo esto es que, muchas veces, los mejores periodistas son los que están en el paro o en los medios de comunicación alternativos. Y los que consiguen entrar en los grandes medios lo hacen pagando másteres carísimos a empresas privadas y acomodando sus piezas a la línea oficial del relato que les piden que cuenten.

Jayro Sánchez es periodista.