“La descarbonización de los ricos no es la nuestra”

CECILIA VALDEZ

Colonialismo verde o Capitalismo verde es como se denomina, desde el ambientalismo crítico, la explotación de recursos naturales del Norte global sobre el Sur global, y que permitirá garantizar la transición energética de la que tanto se jactan los países industrializados, es decir, los que más contaminan. Pero la transición energética requiere de recursos naturales con los que el norte no cuenta, como el litio o el hidrógeno verde.

Mientras el socio ambientalismo denuncia las graves consecuencias que tienen las prácticas de expolio, los gobiernos y las corporaciones cierran acuerdos. Incluso, países que en la geopolítica mundial manifiestan diferencias irreconciliables, en los territorios se dan la mano y sellan compromisos. Por el lado de los progresismos latinoamericanos, la posición más o menos crítica respecto del extractivismo depende de si son gobierno o no, y de las apremiantes necesidades económicas que los vuelven dependientes de las divisas.

“La descarbonización de los ricos no es la nuestra”, repiten quienes habitan las tierras de donde se extraen los recursos. El litio, también conocido como “oro blanco”, es un recurso esencial para las baterías de los dispositivos electrónicos, y para la tan mentada transición energética -acelerada por la Guerra de Ucrania y el disparamiento de los precios de la energía-, que implica el reemplazo de combustibles fósiles (como el petróleo o el gas natural) por otros que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La triple zona de frontera entre Bolivia, Chile y Argentina (conocida como Triángulo del litio), cuenta con salares y lagunas altoandinas, que representan grandes fuentes minerales. También son ecosistemas únicos y ambientes naturales de gran complejidad y fragilidad, por lo que la extracción de litio por salmuera, que requiere grandes cantidades de agua en zonas que sufren estrés hídrico, complica las condiciones de vida de estos lugares.

Como señala el informe “La mina, la fábrica y la tienda”, del Observatori del Deute de la Globalització (ODG), y cuyo equipo de trabajo visitó zonas de explotación minera de Chile y Argentina en diciembre de 2022, los 300 habitantes de la comunidad de Toconao, en la parte sur del Salar de Atacama, pueden disponer de un caudal de no más de 4 litros por segundo, mientras enfrente se extraen más de 2.000 litros de agua por segundo para la extracción de litio. La falta de agua de la población es una de las consecuencias más inmediatas que denuncia el ambientalismo, además de aclarar que no se trata de minería de litio sino minería del agua.

Santiago Machado, de la Asociación Civil Be Pe (Catamarca, Argentina), coincide en el diagnóstico: “esta es la primera vez que en Fiambalá nos vemos obligados a comprar agua por el olor que tiene el agua de grifo, eso antes era inconcebible. Estamos alimentando un mercado que ni siquiera nos beneficia a nosotros, acá no vamos a utilizar coches eléctricos. En cambio, sí que tenemos producción agroecológica, de vinos y alimentos.”

La transición energética implica, además, multiplicar la extracción, lo que consecuentemente aumentará el daño. La Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), estima que la demanda se multiplicará por 42 en las próximas dos décadas. Lo otro que se denuncia es que, aunque los coches eléctricos no emiten CO2 durante su funcionamiento, sí lo hacen a lo largo de toda la cadena de extracción de sus insumos, fabricación, montaje y distribución. 

La deforestación del Amazonas en Brasil, la falta de agua potable en Uruguay, los incendios forestales o las sequías, son algunas de las consecuencias más inmediatas del avance sin control del extractivismo. Además del litio, el otro gran protagonista de la transición energética es el hidrógeno verde, que se obtiene a partir del agua y de fuentes de energías renovables (molinos eólicos o paneles solares). Una de las mayores dudas respecto al hidrógeno es el uso de agua dulce que requiere, y que casi la totalidad de su producción está pensada para su exportación.

Aunque el activismo medioambiental viene investigando, y denunciando, todas estas prácticas desde hace décadas, ahora, además de hacer frente a las corporaciones y los países más industrializados, deben confrontar un progresismo que se acomoda a las circunstancias. Se trata, señalan, de un nuevo “ambientalismo” desconectado de los territorios, que, en nombre de un supuesto desarrollo que nos va a beneficiar a todos no cuestiona el extractivismo, y que, paradójicamente, esto se da en América Latina, la región más desigual del planeta y donde los mapas del extractivismo se corresponden con los lugares de mayor pobreza.

En un artículo para la Revista Anfibia, la socióloga Maristella Svampa, opinó que este ambientalismo es más o menos cuestionador en función de sí es o no gobierno: “Salvo honrosas excepciones, la crítica anti extractivista de los progresismos realmente existentes suele instalarse en un espacio de geometría variable, pues depende de quien esté al frente del gobierno nacional y/o provincial.”

Para Svampa, si se trata de un gobierno afín, ese mismo extractivismo depredatorio denunciado poco tiempo atrás, se convierte ipso facto en un extractivismo virtuoso, esto es, “nacional y popular”, pese a la indignación del arco ambientalista. 

Precisamente, donde se concentran las reservas más grandes de litio del mundo, conviven los llamados gobiernos progresistas de Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina y Gabriel Boric en Chile; todos con estrategias y políticas diferenciadas respecto de este recurso. Tal y como indica el informe del ODG, “a diferencia de los casos argentino y chileno, donde las principales ganancias son acumuladas por grandes empresas transnacionales encargadas de la producción, el conjunto del excedente generado en Bolivia, aunque esté principalmente asociado a la exploración y explotación, queda en su interior, por lo que el modelo industrial nacionalista contrasta con el comercial transnacional en Chile y Argentina.” 

En 2017, Bolivia creó la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), y declaró reservas fiscales a los salares, por lo que no pueden ser explotados por ninguna empresa privada.

Argentina no cuenta con un marco regulatorio a nivel nacional, y en 2011 la provincia de Jujuy declaró oficialmente al litio como recurso estratégico. Hace algunas semanas, el anunció de una reforma exprés de la constitución provincial de Jujuy, que pretende criminalizar la protesta social y abre la puerta a grandes proyectos mineros, con el litio en el centro de la disputa, despertó una gran rebelión popular que terminó con cientos de heridos y detenidos.

Para muchos, lo de Jujuy no es más que un laboratorio de algo que luego será trasladado a la esfera nacional. La Constitución Nacional argentina (art. 124), establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”; este artículo dificulta la posibilidad de establecer una política unificada sobre cualquier recurso.

Para Svampa, “estamos ante una vuelta perversa de un falso federalismo que generó la Constitución de 1994 al provincializar los recursos naturales”.

En Chile, el pasado 20 de abril, el presidente Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio y anunció la creación de la Empresa Nacional del Litio, de propiedad 100% estatal. Si bien las organizaciones celebraron la posibilidad de una mayor presencia estatal en el proceso de producción y distribución, denunciaron que fue elaborada de espaldas a la sociedad civil y producto de más de cien reuniones con empresarios del litio y del sector de la electromovilidad, uno de los negocios que más expectativas genera respecto de la industria del litio en la región. 

En los últimos años, América Latina ha reforzado lazos comerciales con China en actividades extraterritoriales (instalación de proyectos extractivos), con grandes inversiones en infraestructura energética y de transporte. China tiene una posición dominante en el mercado de las tecnologías de la transición energética y una presencia hegemónica en las diferentes etapas de la cadena de suministro.

Según la investigación del ODG, después de China está EEUU, con una posición de ventaja porque puede hacer frente a la mayoría de las actividades de la cadena de suministro dentro de sus fronteras, le sigue la UE con un rol de importadora por su elevada dependencia y, por último, los países del Sur Global que tienen una posición subordinada a través de la extracción y la exportación de sus recursos naturales, con “una tímida voluntad industrializadora en países como Chile, Argentina, Bolivia o Brasil.”

Sin embargo, son las grandes corporaciones, que se encuentran muy concentradas, quienes dominan el negocio a nivel mundial y lideran los proyectos de minerales críticos (Glencore, BHP, China Molybdenum, Tianqi Lithium, Jinchuan Group, Galaxy Resources, SQM, Zijin o Albemarle).

Para el sociólogo y activista, Manuel Fontenla, a las corporaciones, las disputas por la hegemonía mundial -que tanto espacio ocupan en la arena política-, prácticamente les son ajenas.

“Yo creo que es una de las falsas discusiones a la que nos llevan los medios hegemónicos. Mientras en la política se debate sí tenemos que aliarnos con China, con EEUU o con la UE, las transnacionales del litio se fusionan sin importar la nacionalidad de quienes las constituyen. Si analizas en detalle quienes las componen, ves que hay países que en el plano netamente político pueden no defender los mismos intereses, pero que en este caso eso no importa. Lo que vemos es que los capitales internacionales son muy fluctuantes y, cuando tienen que abastecerse de una materia prima, hacen los acuerdos necesarios y avanzan.” 

Numerosos documentos demuestran que las corporaciones se han encargado de instalar un discurso de minería sustentable que legitima su accionar. En el año 2002, Fontenla señalaba que el programa ‘Mining, Minerals and Sustainable Development’ (MMSD), había recomendado a las empresas del sector minero un ‘cambio cultural’, que permitiera construir un imaginario de ‘Minería Sustentable’. Se buscaba garantizar la coexistencia del desarrollo minero dentro de un lenguaje de sustentabilidad, a pesar de las resistencias que provenían de las alarmas climáticas.

Fontenla no duda al afirmar que esto se logró, pero también que las comunidades indígenas han actualizado sus lenguajes para contrarrestar estas ideas. Tanto Svampa como Fontenla sostienen que en Jujuy ya no se cuestiona a quiénes pertenecen las tierras de las que fueron despojadas las poblaciones originarias, que eso es una victoria de las comunidades, y que esto se evidencia en un cambio de discurso.

“Ya no se habla de anti minería sino que se habla de una lucha en defensa del agua y de la vida”, puntualiza Fontenla. “Lo otro que aparece es la idea del buen vivir, que es parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas y que es una idea que tensiona mucho el sistema de consumo del capitalismo, la idea de derroche”.

En su experiencia como activista medioambiental Fontenla sostiene que son las luchas de las comunidades las que han logrado erradicar proyectos de megaminería, que defienden sus territorios y su autonomía, y no las leyes de protección del Estado o los acuerdos internacionales. 

Para el abogado ambientalista Enrique Viale, “el socio ambientalismo es una gran disputa de sentido”, y es necesario romper el “consenso extractivista” que coloca a América Latina en proveedora de naturaleza para el norte global como si fuese un destino y no, como lo que es, una decisión geopolítica mundial.

Pero el abogado es consciente de que “romper con los ‘consensos’ requiere mucha determinación ya que oponerse “tiene un costo alto porque la ridiculización y la ‘cancelación’ son las armas para mantener el statu quo.”

Hasta hace relativamente pocos años, la discusión sobre el cambio climático era vista, y señalada, por amplios sectores de la población, como una discusión elitista, exportada de los países ricos, ya que ‘aquí’ había otras urgencias, como el hambre o la pobreza. “Lo cierto es que Argentina con fracking, agronegocio y megaminería tiene más de la mitad de los pibes bajo la línea de pobreza. No pareciera razonable que profundizando ese modelo vayamos a tener resultados distintos”, afirma Viale.

“Hay un mecanismo que funciona muy bien que es el de poner algo de verdad en medio de muchas mentiras”, concluye Fontenla. “Hay que estar muy atentos para poder separar esas cosas. La transición energética es real, pero lo que tenemos que entender es que este nivel de consumo no se corresponde con la energía disponible en el mundo, entonces, hablamos de una crisis de un modelo, del modelo de producción capitalista actual.”

Para el Pacto EcoSocial e Intercultural del Sur, que es una iniciativa de personas y organizaciones de distintos países latinoamericanos: “Pequeños cambios en la matriz energética no son suficientes” (…) “las relaciones deben volverse más equitativas no solo entre los países del centro y la periferia, sino también dentro de los países, entre la élite y el pueblo (…) “más que solo tecnológicas, las soluciones a estas crisis interrelacionadas son sobre todo políticas”, señalan.

Cecilia Valdez es periodista argentina.