Cómo Trump intenta decidir las elecciones en Brasil
MIGUEL ENRIQUE STÉDILE
El último viernes antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, la embajada y los consulados de los Estados Unidos en el país permanecieron cerrados, en cumplimiento de una orden general del Departamento de Estado que alegaba “motivos de seguridad”. Las elecciones en Brasil se desarrollan de manera pacífica; no hay conflictos civiles ni amenazas militares, no se han reportado casos de violencia política que superen los niveles normales, ni tampoco existen amenazas contra ciudadanos estadounidenses o instalaciones diplomáticas. Sin embargo, esta decisión – a la que se sumó, de manera exclusiva e inexplicable, la embajada de Australia – forma parte de una serie de medidas adoptadas por Washington con el objetivo de interferir en las elecciones brasileñas.
Estas medidas comenzaron hace más de un año, cuando los Estados Unidos vinculó el aumento de los aranceles sobre los productos importados de Brasil con el juicio en curso contra el expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. La relación entre la presión política para impedir la condena de un aliado y las medidas económicas fue dada a conocer por la propia Casa Blanca y también se utilizó para perseguir al magistrado de la Corte Suprema que preside el juicio – al bloquear sus transacciones financieras en los EE. UU. e impedir su ingreso al país –, así como a ministros del Gobierno de Lula da Silva. Un documento entregado a diplomáticos brasileños presentaba 21 exigencias al gobierno brasileño, entre las que se incluían, entre otras, garantizar la libertad de quienes los Estados Unidos denomina “disidentes políticos”; otorgar ventajas a los Estados Unidos en el acceso a los minerales críticos de Brasil; y abstenerse de regular a las grandes empresas tecnológicas.
La lista de exigencias aclara por qué las elecciones brasileñas son tan importantes para Trump. Brasil es rico en minerales, especialmente aquellos esenciales para la industria tecnológica, utilizados en la fabricación de chips y la construcción de centros de datos; además, cuenta con numerosas fuentes de energía renovable, en particular energía hidroeléctrica y solar; y está comenzando a explorar una nueva región petrolera en la Amazonía, cerca de los bloques que está explorando ExxonMobil en Surinam y Guyana. Por otra parte, el mayor socio comercial de Brasil es China, y ambos forman parte del bloque BRICS. Brasil tampoco es signatario del “Escudo de las Américas” – la versión contemporánea de la Operación Cóndor – y prefirió la iniciativa china de cooperación en inteligencia artificial a la propuesta de los Estados Unidos. Además, en el mapa de Sudamérica, Brasil es uno de los pocos países que no está gobernado por un aliado de Trump. Y no es un país pequeño, sino un líder regional con presencia en los foros internacionales.
Por lo tanto, se pueden comprender no solo las acciones económicas y públicas, sino también las operaciones encubiertas lanzadas desde Washington. El 30 de septiembre, el periódico británico The Guardian reveló que la administración de Donald Trump asignó un millón de dólares a un proyecto denominado “Lucha contra los litigios utilizados como arma y la censura en Brasil”, destinado a financiar a organizaciones de la sociedad civil que cuestionan las acciones de la Corte Suprema Federal. Los fondos forman parte de un paquete de 43 subvenciones que suman un total de 176.9 millones de dólares, destinados a proyectos conservadores en diversos países. El mismo Departamento de Estado que guarda silencio sobre sus propias operaciones de influencia en el extranjero ahora patrocina la “defensa de la libertad de expresión” en Brasil. Antes de eso, en julio, Trump intentó enviar a dos funcionarios del Departamento de Estado a reuniones con autoridades y organizaciones de la sociedad civil para cuestionar las máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones brasileñas.
Esta es una de las principales narrativas de la extrema derecha brasileña, la cual – a pesar de haber elegido a un presidente y a la mayoría de los parlamentarios – insiste en que las elecciones fueron fraudulentas e ilegales. De hecho, esta fue una de las motivaciones detrás de los ataques contra el Palacio Presidencial y los edificios de la Corte Suprema Federal el 8 de enero de 2023, perpetrados por partidarios de Bolsonaro, los cuales sirvieron como chispa civil para un fallido golpe de Estado.
Otro mecanismo común de injerencia estadounidense es el uso de organizaciones no gubernamentales. La Red Rockbridge – una red de financiadores conservadores fundada en 2019 por el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y el empresario Chris Buskirk – intentó establecerse en Brasil con un plan que incluía la creación de un Consejo Tecnológico integrado por 23 empresarios para asesorar directamente a la campaña de Flávio Bolsonaro. De los 23 ejecutivos incluidos en la lista, 19 son extranjeros. La ley brasileña es clara: los candidatos y los partidos políticos no pueden recibir, directa o indirectamente, dinero, bienes o servicios de entidades o gobiernos extranjeros.
La Red Rockbridge está financiada por Rebekah Mercer, una megadonante conservadora y heredera de la fortuna del fondo de cobertura Mercer; Peter Thiel, un inversionista tecnológico multimillonario de tendencia fascista y patrocinador financiero de Vance; y Cameron y Tyler Winklevoss, los empresarios de criptomonedas. Se consideran a sí mismos una firma de capital de riesgo de derecha que transformará las Américas en un paraíso de extrema derecha para multimillonarios.
No es casualidad que, en mayo, Flávio Bolsonaro se reuniera con Trump, Vance y el secretario de Estado Marco Rubio en Washington. En septiembre, el propio Trump declaró que está siguiendo las elecciones brasileñas “muy de cerca”. Además, los asesores de Bolsonaro han declarado a la prensa que pretenden llevar a cabo una “reforma al estilo Marco Rubio” dentro del servicio diplomático brasileño.
La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), el servicio de inteligencia de Brasil, ya ha informado a la Presidencia y al Tribunal Superior Electoral sobre la posibilidad de una injerencia de los Estados Unidos en el proceso electoral. La Fiscalía General también ha notificado a la Corte Suprema Federal sobre los fondos extranjeros utilizados en la campaña de Bolsonaro. Hace unos días, el presidente Lula da Silva, quien se postula para la reelección, aprovechó su discurso en la apertura de la Asamblea General de la ONU para advertir que no se tolerará la injerencia y que “Brasil no será el patio trasero de nadie”. Por el momento, los esfuerzos conocidos para bloquear la injerencia de los Estados Unidos se limitan a las esferas política y retórica. Pero es posible que no sean suficientes.
América Latina, a partir del 3 de enero de 2026, es una región rodeada y bajo la amenaza constante de la Doctrina Monroe. La decisión de los Estados Unidos de designar a dos grupos del crimen organizado brasileño – el Comando Vermelho (Comando Rojo) y el Primeiro Comando da Capital (Primer Comando de la Capital) – como organizaciones terroristas sienta un precedente para las intervenciones militares estadounidenses en territorio brasileño. Si gana Lula da Silva, cabe esperar que Washington se niegue a reconocer el proceso electoral brasileño o que guarde silencio al respecto. Como mínimo, esto mantendría unidos y movilizados a los partidarios de Bolsonaro – partidarios que, en una ocasión anterior, ya intentaron hacerse con el poder ejecutivo mediante un golpe de Estado. Si pierde Lula da Silva, ya está claro que Brasil se sumaría a las filas de las naciones subordinadas, cediendo su soberanía y sus recursos naturales por mera lealtad ideológica. Si Lula da Silva gana, es probable que los primeros años de su nuevo gobierno – al menos hasta las próximas elecciones en los Estados Unidos – sigan siendo tensos, bajo amenaza y en resistencia a la agenda de Trump en el continente.
Miguel Enrique Stédile es doctor en Historia por la Universidasd Federal de Rio Grande do Sul y copresidente del Departamento de Sociología Histórica del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Este artículo se publica en colaboración con Globetrotter
