El modelo argentino de empresas recuperadas por sus trabajadores

CECILIA VALDEZ

La memoria de diciembre del 2001 en Argentina remite, casi automáticamente, al corralito. Sin embargo, al mismo tiempo que los bancos fugaban sumas siderales de dinero; el ex presidente, Fernando de la Rúa, abandonaba la casa de gobierno en helicóptero en medio de una crisis económica sin precedentes; y se producía una atroz represión contra un pueblo que había salido a la calle a manifestarse; también se cocinaban algunas de las experiencias de organización popular más importantes de las que se puedan dar cuenta en la historia argentina.

Las asambleas barriales, el trueque, los movimientos de desocupados, los cartoneros, o las empresas recuperadas por sus trabajadores, empezaron a formar parte del paisaje cotidiano y lograron insertar dinámicas de organización de base masivas e inéditas hasta entonces. Algunas de ellas, como las empresas recuperadas, persisten, crecen y acaban de cumplir 25 años sumando experiencias.

El 22 de mayo de 1998 -la fecha estipulada como el día de las y los trabajadores de empresas recuperadas-, coincide con el inicio de IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas), que puso los cimientos para la creación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), en el año 2001. Como tantas otras empresas de la época, IMPA enfrentó, y superó, el vaciamiento de la fábrica, conformando una cooperativa y cambiando las leyes del juego. Fueron cientos de trabajadores y trabajadoras los que por entonces recibieron telegramas de despidos y, otros tantos, los que decidieron tomar las fábricas, organizarse y luchar por la expropiación, y muchos lograron sostenerse en el tiempo.

El mapa de la página web del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que depende del gobierno nacional, cuenta con un Registro Nacional de Empresas Recuperadas (ReNacER), en el que se observan la variedad de rubros que abarcan estas empresas, encabezados por metalúrgicas, alimentación, textil y gráfica, pero que también incluye el primer laboratorio farmacéutico del mundo en ser recuperado por sus trabajadores: Farmacoop.

Bajo el lema “Ocupar, Resistir, Producir”, los trabajadores de IMPA dieron batalla, y el puntapié inicial de lo que luego fue un modelo a seguir. La ocupación, las ollas populares y los fondos de huelga, fueron (y son), parte de los mecanismos de acción que se dispusieron para mantener la fábrica y las máquinas en funcionamiento, toda vez que los propietarios dispusieron el cierre. 

Ocupación

Grissinopoli, una fábrica ubicada en el barrio de Chacarita (Buenos Aires), dedicada a la producción de grisines (palitos de pan), fue uno de los tantos casos en que, a partir de una serie de medidas fraudulentas, los dueños intentaron un vaciamiento de la empresa.

“Esto empezó a decaer a partir de una serie de negociados que hicieron los dueños a fines del 98”, contaba Norma, trabajadora de la fábrica, algunos meses después de que hubiesen podido conformarse como cooperativa en 2003.

“Resulta que Carrefour encargó un millón de pan dulces y, como no dábamos abasto, nos hacían empaquetarlos en caliente y quedaban todos aplastados. Los entregamos, y el 6 de enero devolvieron la mitad, esa fue una pérdida de dinero impresionante. Después, uno de los gerentes nos hizo preparar un envío especial de grisines en cajas, que llevó a Miami y nunca más volvió”.

De esta manera, Norma expone algunos de los desarreglos que los llevaron casi a tener que empezar de nuevo, pero también los gestos que devolvieron algo de dignidad en medio del desconcierto: la ayuda provino de un vecino del barrio.

“Una noche estábamos reunidos y cayó un asambleísta de Palermo Viejo (un barrio cercano a Chacarita), nos preguntó cuánto necesitábamos para hacer una primera producción, y nos dijo que él iba a hablar con sus socios y nos daba el dinero. Dicho y hecho, al día siguiente, a las siete de la mañana, estaba ahí con el dinero. En una semana pudimos devolverle lo que nos había prestado y seguir produciendo”. 

Llegado el punto de la toma, los trabajadores ya han debido pasar infinidad de veces por los mismos reclamos: sueldos adeudados por meses, o por años, ningún aporte de ningún tipo, y amenazas de despidos o jornadas reducidas. Por ello, una de las cuestiones más destacadas por los trabajadores, es lo significativamente importante que resulta la respuesta del barrio, y de la comunidad, una vez producidas las ocupaciones de las fábricas. Gran parte de las acciones de sustento de estos movimientos fueron posibles gracias a los vecinos, estudiantes universitarios, o distintos integrantes de la comunidad, que armaron fondos de huelga que les permitieron sobrevivir hasta que las plantas fueron puestas nuevamente en marcha.

Hoy 

Aunque se trata de un fenómeno cuyos primeros antecedentes (posdictadura) se registran hacia principios de los 90, la masiva recuperación de fábricas se produjo a partir de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando cayó el gobierno de De la Rúa. Se calcula que, en la actualidad, existen más de 400 unidades productivas recuperadas en todo el país, que ocupan a unas 18.000 personas. El registro, además, permitió detectar que el rubro metalúrgico, que había sido muy fuerte en las primeras recuperaciones alrededor del año 2000, se fue diversificando, y que en estos 25 años creció la participación de las mujeres en las cooperativas de trabajo.

“Hoy por hoy sigue habiendo un crecimiento de las fábricas que siguen vinculadas a procesos de quiebra de empresas”, cuenta Alexandre Roig, presidente del INAES. “A medida que van pasando los años, lo que también crece es un saber de los trabajadores, en el sentido de saber recuperar una fábrica y conservar sus fuentes de trabajo”.

Para Roig, la disputa siempre tiene que ver con la posibilidad de resolver los conflictos de fondo en torno a las deudas. “Cuando hay una quiebra, hay cuatro tipos de deudas y, el gran tema, es la jerarquía que hay entre esas deudas. En general, cuando se liquidan las empresas, se privilegia al banco, después a los proveedores, luego al Estado, y, por último, a los trabajadores. El gran desafío es invertir esa jerarquía, y que los trabajadores sean los primeros acreedores de una quiebra. Eso, no solamente protege al trabajo y a los trabajadores, sino que además es una gran forma de regular el uso fraudulento de la quiebra. No hay que olvidar que hay quienes usan la quiebra para enriquecerse.”

En 2020, en plena pandemia, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), bajo la dirección de Enrique “el Vasco” Murúa, presentó un primer proyecto de Ley Nacional de Recuperación de Unidades Productivas, y en 2022 se le dio impulso al registro (ReNacER) y a un nuevo proyecto de ley.

Gisela Bustos es abogada, directora de Fomento y Evaluación de Proyectos del INAES, y forma parte del MNER y de la Cooperativa 19 de diciembre, ex autopartista Isaco. El 19 de diciembre de 2002, la ex Isaco quebró, los trabajadores tomaron la fábrica, se apoyaron en el barrio y los vecinos, y recibieron asesoramiento del MNER para conformar la actual cooperativa. Con el tiempo la fábrica se recuperó y, además de producir autopartes, se creó un bachillerato popular, que emite títulos oficiales y al que asisten chicas y chicos del barrio. Para los trabajadores, el bachillerato fue una manera de devolverle al barrio lo mucho que les dio durante ese complejo proceso de recuperación.

La ley

“Han pasado 25 años, hemos podido avanzar en políticas públicas coyunturales, pero todavía falta el reconocimiento estratégico”, señala Bustos.

“Algunas fábricas tienen la expropiación por un tiempo determinado, pero una vez que ese período se vence caemos de nuevo en el vacío. Seguimos peleando por una Ley de Recuperación de Unidades Productivas. El último proyecto lo presentamos el 5 de mayo del 2022 en el Congreso Nacional, con el objetivo de que las empresas recuperadas sean expropiadas por el Estado, y que la propiedad no pase a manos de la cooperativa, sino que quede en manos del Estado y se le dé a la cooperativa en comodato. Entendemos que esto va madurando y ya se impone como una realidad que hay que abordar. Nosotros no queremos propiedad privada, en el proyecto lo que planteamos es que se proteja a este nuevo sujeto, que permite, ni más ni menos, que sostener y generar puestos de trabajo.”

Bustos forma parte tanto de la pata más institucional como del activismo, y tiene un largo recorrido de lucha en el tema que la hace sospechar de la falta de respuestas.

“Creo que tiene que ver con que las empresas recuperadas ponen en tensión algunas fibras que son claves del sistema.  Este es un sistema que se basa, sobre todo, en la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, no debe ser nada simpático tener que reconocer que es posible que los medios de producción se autogestionen por sus trabajadores y trabajadoras, algo que hasta ahora se suponía inviable. Nosotros hemos demostrado que eso no es así, pero no es así en tanto el Estado también cumpla un rol presente y virtuoso en el sostenimiento de este tipo de experiencias.” 

Crisis

En épocas de crisis las fábricas debieron reinventarse para subsistir. Sin ir más lejos, en la crisis mundial de 2008-2009, cuando cayó la industria automovilística, la cooperativa 19 de diciembre empezó a fabricar unas pinzas magnéticas con material reciclado, que fueron un éxito y que continúan produciendo. También, y como el Estado no podía comprarles autopartes, le fabricaron canastos de basura, cartelería y algunas piezas para la construcción de viviendas. Sin embargo, cuando el Ministerio de Seguridad les propuso fabricar casquillos de balas para las fuerzas de seguridad, la asamblea lo rechazó. Si bien las cooperativas tienen sus consejos de administración, las decisiones se toman en asamblea. 

Bustos sostiene que las empresas recuperadas tienen una baja tasa de mortalidad, y que esto se vincula con que las brutales crisis que atraviesa Argentina “no se tradujeron de forma lineal en arrasar empresas recuperadas, como sí pasó con las privadas, y que eso ocurre porque acá lo principal no es el lucro. Tiene que ver con que nadie se salva solo, es decir, si hay una crisis, un ajuste, o lo que sea, se reparten las horas de forma solidaria, pero a nadie se lo deja afuera; y con el vínculo con la comunidad, las empresas recuperadas se convirtieron en un faro de organización y de articulación para el barrio.”

25 años

El 22 de mayo pasado, la Cooperativa de Trabajo Metalúrgico de Lavallol (COTRAMEL), ex Canale, fue noticia porque el presidente Alberto Fernández, decidió conmemorar los 25 años de las y los trabajadores de empresas recuperadas, en sus instalaciones. El 30 de octubre de 2018, justo 20 años después del inicio del movimiento, y bajo el gobierno de Mauricio Macri, los trabajadores de esta fábrica de hojalatería y enlatados, recibieron los telegramas de despido e, inmediatamente, salieron a defender sus puestos de trabajo siguiendo el camino de siempre: acamparon en la puerta de la empresa durante cuatro meses, durante trece no cobraron salarios ni pudieron realizar producciones, y 35 personas debieron salir a recorrer las aulas de la Universidad de Lomas de Zamora para pedir ayuda, charlar con los vecinos y organizar la venta de comida para gestar un fondo de lucha. 

Si bien la situación de la empresa terminó de definirse en 2018, los problemas empezaron a mediados de los ’90, cuando Canale fue vendida a Sociedades Macri (SocMa), uno de los grupos empresariales más importantes de Argentina del cual forma parte el ex presidente Mauricio Macri. Después de una década de expansión y crecimiento, los errores derivaron en falta de pagos y sobreproducción, y la empresa empezó a desprenderse de sus productoras de alimentos. Durante la acampada llegó la propuesta de armar la cooperativa, y se decidió que esa era la mejor salida. En este caso, los trabajadores tampoco dudan al reconocer la enorme red de contención que les permitió dar el paso. De igual manera que a comienzos de los 2000, los vecinos siempre aparecen como un actor central de todo este entramado.

De las 5 toneladas iniciales de noviembre de 2019, COTRAMEL paso a producir 150 toneladas de envases de hojalata, y proyecta fabricar un millón por mes. En el acto de mayo pasado, Fernández aseguró que “hoy, la fábrica está en el 20% de lo que es capaz de producir”.

En la visita, los trabajadores le plantearon la necesidad de avanzar con los expedientes de la ley, y este les respondió que se está ocupando del tema. El presidente también sostuvo que, si la fábrica “tuviera en funcionamiento todo el potencial, eso ayudaría a ponerle fin a la concentración del mercado de producción de hojalata y lata que existe en la Argentina”, y que, con otra capacidad de producción, y más oferta, “los empresarios que necesitan envasar conseguirían mejores precios”.

“El mundo de hoy tiene un capitalismo muy perverso, más preocupado de lo financiero que de lo productivo. El capitalismo preocupado por producir era un capitalismo que le servía a la sociedad porque daba empleo. Por la manera en la que involucionó el capitalismo ha nacido una nueva forma de economía, que es la economía popular. Ha venido para quedarse, por lo que debemos darle un marco de reconocimiento a esa economía y darle marco de producción a los que trabajan en ella”, dijo Fernández.

Los trabajadores también le expusieron la necesidad de que se sancione algún tipo de ley que les permita estar tranquilos, sin la amenaza de subastas o desalojos, hasta que se resuelvan las cuestiones de fondo.

“Esta situación de incertidumbre tiene un grave impacto en la comunidad, en las familias, y en cada uno de nuestros compañeros y compañeras. El vacío jurídico nos deja desamparados”, afirma Bustos.

Comunidad

Tanto desde su tesis de grado como desde su actual trabajo en el INAES, Bustos ha comparado experiencias en otras partes del mundo.

“Entendemos que el desarrollo de esta experiencia en Argentina es bastante único en términos cuantitativos y cualitativos. En términos cuantitativos, porque no hemos encontrado en otros países un desarrollo en la proporción que tenga la experiencia de nuestro país, y en términos cualitativos, porque hay características propias que se imponen mayoritariamente en las experiencias que se desarrollan aquí que tampoco están presentes en los casos que pudimos estudiar en otros países”.

Las fábricas recuperadas no solamente son recuperadas como unidades productivas que sostienen puestos de trabajo, sino que pretenden trascender esos límites, y recuperar espacios comunitarios.

“Esto que puede parecer una idea utópica, o romántica, puedo asegurar que se fundamenta en hechos concretos, y viene desde la práctica, de recorrer y relevar distintos casos”, explica Bustos.

“No es casual que, en muchas de las empresas recuperadas, también funciona un bachillerato popular, una biblioteca popular o un espacio de cuidado para las infancias. Esto es el resultado de una naturaleza de características muy profundas que son muy particulares de la experiencia de nuestro país. Y creo que es un factor central de la sostenibilidad de estas experiencias”. 

Cecilia Valdez es periodista argentina.