Miles de vándalos bolsonaristas asaltan y destrozan las sedes del poder político y judicial en Brasilia

JUAN MIGUEL MUÑOZ

São Paulo
No había precedentes de un acontecimiento semejante en Brasil. Una semana después de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia, la sede del poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial se convirtieron en escenario del vandalismo de varios miles de partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro que invadieron el interior de las Cámaras, el edificio del Tribunal Supremo, y el Palacio de Planalto, sede de la presidencia de la república. Tal como sucediera hace dos años en el Capitolio de Washington, los ultraderechistas destruyeron lo que encontraron a su paso en el interior de los edificios antes de ser expulsados por una policía que había dado notorias señales de incompetencia, cuando no de connivencia con los asaltantes.

El presidente Lula da Silva decretó la intervención federal en Brasilia, de modo que la seguridad queda en manos del Gobierno federal, y no del Ejecutivo del Distrito Federal (DF), hasta el 31 de enero. El ministro de Justicia, Flávio Dino, habló de que la violencia desatada por los asaltantes son actos de terrorismo y golpismo, y “un intento de destruir el Estado democrático”.

Los vándalos, procedentes en un centenar de autobuses desde todo el país y portando muchos banderas de Brasil, se habían agrupado después del mediodía frente al cuartel general del Ejército brasileño y recorrieron más de seis kilómetros a pie hasta la Explanada de los Ministerios, adyacente a la plaza de los Tres Poderes. Marcharon escoltados por vehículos de la policía, mientras algunos de sus agentes confraternizaban con los manifestantes.

A la gran mayoría de comentaristas políticos brasileños les resultaba incomprensible que el gobernador del DF, Ibaneis Rocha, y el secretario de Seguridad del Distrito Federal, el ferviente bolsonarista Anderson Torres –que fue ayer destituido por Rocha— no fueran capaces de prevenir el vandalismo cuando en las redes sociales se podía prever desde hace días que algo serio tramaban los radicales de extrema derecha. La presencia policial era escasísima en el centro del poder político brasileño. Mientras, Torres –responsable de la seguridad en el DF— se hallaba en Estados Unidos. Rocha, cuyo partido respaldó a Bolsonaro en la segunda vuelta de los comicios de octubre, pidió disculpas al presidente Lula por los disturbios, que se prolongaron durante cinco horas en las inmediaciones de la plaza de los Tres poderes, aunque la policía seguía lidiando con los radicales de ultraderecha ya entrada la noche en la inmensa Explanada de los Ministerios. Lula no aceptó las disculpas del gobernador del DF.

El presidente en ejercicio se encontraba en un acto político en Araraquara, una ciudad del Estado de São Paulo. Desde esta población se dirigió al país para anunciar el decreto de intervención que retira la competencia en materia de seguridad al Gobierno del Distrito Federal (Brasilia). Algunos medios barajaban que Lula podía incluso firmar un decreto para iniciar el proceso de destitución de Rocha.

Todas las autoridades que se pronunciaron lo hicieron para condenar el vandalismo de los bolsonaristas, incluidos varios aliados del ex presidente fugado a Estados Unidos dos días antes del relevo presidencial.

Resulta evidente que la Policía Militar y otros cuerpos policiales en muchos Estados del país están plagados de simpatizantes de Bolsonaro. Justo después de las elecciones, en los primeros días de noviembre, los agentes mostraron enorme indulgencia con miles de simpatizantes del ex presidente que bloquearon cientos de carreteras en todo Brasil durante varias jornadas.

Lula comenzó hablando de la “barbarie” de estos grupos “fascistas”. El presidente dijo que semejantes disturbios en el centro del poder político brasileño no tenían precedente, y advirtió de que los participantes en los altercados y “sus financiadores serán castigados”. Lula aseguró que Bolsonaro, al que no citó por su nombre, “huyó de Brasil” para no entregarle la banda presidencial, como es tradición, y añadió que el ex presidente ha estado “estimulando” estos altercados. El presidente, visiblemente enfadado, apuntó que entre los vándalos había garimpeiros (buscadores de oro) y madereros ilegales y, probablemente, personas involucradas en negocios agropecuarios que quieren utilizar pesticidas tóxicos. Son estos grupos los que pueden resultar más perjudicados por las políticas del nuevo Gobierno, después de cuatro años en los que han disfrutado de carta blanca por parte de la Administración de Bolsonaro.

La sala del plenario del Tribunal Supremo, los despachos adyacentes al del presidente en la segunda planta del Palacio de Planalto (el de Lula tiene un blindaje que no pudo ser superado) y las Cámaras del Congreso y del Senado resultaron muy dañados. Los invasores destrozaron también obras de arte –al menos un cuadro del prestigioso pintor Di Cavalcanti, fallecido en 1976— y jarrones chinos, entre otros muchos objetos.

Por la noche, las cadenas de televisión ofrecían imágenes de decenas de personas esposadas y conducidas a prisión en autobuses. Al menos 170 de ellos detenidos en plena comisión del delito en el interior de los edificios, pero la cifra iba aumentando según avanzaba la noche.
Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, al que pertenece el ex mandatario huido a Florida, comentó después de los disturbios que estos partidarios de Bolsonaro no representan al Partido Liberal, un partido que siempre ha difundido sin prueba alguna la sospecha del fraude electoral, precisamente el argumento que alegan los seguidores de la ultraderecha para justificar sus peticiones de golpe de Estado ante los cuarteles y los altercados del domingo 8 de enero. Horas después del inicio de los altercados, ya noche en Brasilia, Bolsonaro no había dicho palabra.

Solo una semana después de su toma de posesión, y con un Gobierno que no ha hecho sino arrancar, Lula afronta una gran crisis provocada por sus más encarnizados rivales. El panorama es muy complicado para el Ejecutivo porque los partidos que apoyaron a Bolsonaro disfrutan de mayoría en las Cámaras, y es previsible que coloquen todos los obstáculos posibles a la acción del Gobierno. Tampoco se pueden descartar nuevos incidentes violentos por parte de estos grupos de fanáticos de extrema derecha que consideran peligrosos comunistas –un estigma en Brasil– a cualquiera que sostenga posiciones políticas mínimamente progresistas.

Juan Miguel Muñoz es periodista y vive en Brasil