Convulsión golpista en el inicio del mandato de Lula

JUAN MIGUEL MUÑOZ

São Paulo

La democracia brasileña sufrió una severa sacudida el 8 de enero, un intento o proyecto de asonada que tiene precedentes a lo largo de los dos siglos de historia de este país continental exclusivamente cuando el presidente de turno se inclina a la izquierda. El asalto vandálico a las sedes de las instituciones brasileñas por parte de fanáticos golpistas ha desencadenado un torbellino de acontecimientos políticos y judiciales cuyas consecuencias son todavía imprevisibles.

Nada más sometida la protesta, el propio día 8 de enero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tuvo que adoptar la primera decisión de calado. Y se decantó por la intervención federal en la seguridad de capital. Es decir, el Gobierno de la nación se hacía cargo de las fuerzas policiales negligentes, o más bien conniventes, con los asaltantes bolsonaristas, que arrasaron los palacios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Descartaba la llamada Garantía de Ley y Orden, que supone la intervención del Ejército en el mantenimiento de la paz pública. Lula no se fía.

Pero no fue solo Lula y su Gobierno quienes pusieron manos a la obra. El hiperactivo juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, decidió la destitución temporal por 90 días del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que a su vez había apartado de su cargo al secretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres, un ferviente bolsonarista exministro de Justicia que estaba de vacaciones -¿casualidad?- en Estados Unidos el día de autos.

La desidia, cuando no la implicación en los altercados, de Rocha y Torres es difícil de soslayar. A lo largo de la semana se supo que Rocha, también bolsonarista, recibió desde dos días antes unos oficios de la Policía Federal y de los servicios de inteligencia en los que se explicaba claramente que los manifestantes de extrema derecha podían hacer lo que finalmente hicieron. Se sabía perfectamente que la situación era peligrosa. Pero los responsables de la seguridad no hicieron nada. Sólo unos pocos agentes se opusieron a una turba que les apartó de su camino fácilmente camino del Congreso. También conocía la situación el Gobierno de Lula, que justifica su inacción en que las competencias de seguridad recaen sobre las autoridades del Distrito Federal.

El juez De Moraes continuó con sus decisiones y ordenó la detención inmediata de Torres en el instante en que regresara a Brasil. Así fue. Desde el sábado duerme entre rejas en un batallón de la Policía Militar en Brasilia. Como duerme en un gimnasio el más de un millar de personas –varios cientos han sido liberados- detenidas por su participación en los disturbios. Se investiga quién financió a esta multitud que disponía de ciertos servicios en sus campamentos y a los que se pagó el desplazamiento hasta Brasilia, principalmente desde el interior del Estado de São Paulo y desde el Estado sureño de Paraná, bastiones de la ultraderecha más reaccionaria.

Un problema evidente es que en muchas instituciones -especialmente las Fuerzas Armadas y la Policía Militar, dependiente de cada Estado— es que los partidarios del golpe están firmemente asentados. Incluso en la Procuraduría General de la República (PGR), su titular, Augusto Aras, nombrado por Bolsonaro, se mostraba reticente a emprender cualquier investigación. Tuvo que ir el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, a la sede de la PGR para instar a Aras a que tomara cartas en el asunto.

Pero hay más. El viernes, 13 de enero, la fiscalía ordena que se incluya a Bolsonaro en la investigación de los altercados por su eventual incitación a la comisión de los delitos. Y esto horas después de que se hallara en la residencia de Anderson Torres, su exministro de Justicia, un proyecto legislativo que establecía la intervención del Tribunal Superior Electoral durante el periodo de los comicios. A ello se suman los cuatro años de descrédito de las instituciones por parte de Bolsonaro y sus acólitos; las peticiones de ministros para que fueran detenidos los miembros del Tribunal Supremo; los campamentos ante las sedes de los cuarteles generales del Ejército en muchas ciudades del país reclamando el golpe militar tras la derrota electoral; la bendición de los jefes de las tres armas a esas manifestaciones; el apoyo del expresidente a estos manifestantes golpistas, y las propias declaraciones de Bolsonaro que reconocía a finales de diciembre haber intentado todo hasta el último día para impedir el acceso de Lula a la presidencia. Hechos que llevan a muchos analistas a considerar que el golpe se está preparando hace tiempo. Y que el proceso no ha terminado.

El profesor de Ética y Filosofía, Renato Janine Ribeiro, escribía en Folha de São Paulo: “La turba que invadió Planalto, una mezcla de perfectos imbéciles, que generaron en las redes las pruebas contra sí mismos,… no pasan de carne de cañón… ¿Pretendían tomar el poder? No. Fueron financiados para crear una convulsión social”. El autor cree que unas muertes eran necesarias para que se impusiera un régimen militar: “Escapamos por poco de eso… Fue un fracaso rotundo, pero puede haber sido un ensayo general para el próximo golpe”.

El presidente, en un encuentro con periodistas el jueves, aseguró haber perdido la confianza en los militares y afirmó que “las fuerzas armadas no son el poder moderador como piensan que son. Tienen un papel en la Constitución que es la defensa del pueblo brasileño y de su soberanía…”.

Aludía el presidente a una figura constitucional vigente durante el imperio brasileño, después de la independencia en 1822. En la primera Constitución de Brasil (1824) se estableció que el emperador, Pedro I (1822-1831), disponía de ese poder moderador, que en realidad no se limitaba a moderar. El monarca podía y nombrar y destituir el Gobierno y disolver las Cámaras legislativas cuando lo creyera oportuno. Pedro II (1840-1889) ejerció con frecuencia esa prerrogativa, incluso formando gobiernos sin apoyo de la Asamblea. El Ejército, que puso fin al régimen monárquico en 1889 y expulsó al exilio a la familia imperial, ejerce -a juicio de numerosos historiadores, politólogos y analistas- ese papel desde entonces.

Nada más proclamarse la república, los dos primeros presidentes fueron mariscales. Pero hubo más uniformados al frente del país (Hermes de Fonseca, Eurico Gaspar Dutra) antes de la dictadura militar entre 1964 y 1985. Los militares depusieron a Getulio Vargas en 1945 y a João Goulart 1964, cuando anunciaron la aplicación de políticas nítidamente izquierdistas. “La morada de la hidra golpista está en las Fuerzas Armadas, que ejercen la tutela sobre el Estado desde la guerra de Paraguay (1965-1970). Esa institución pasó al control de uniformados ansiosos por asumir la dirección del Estado, ahora por la vía institucional, asociándose a un mequetrefe [Bolsonaro] apasionado por la dictadura de los generales”, opinaba en Folha de São Paulo el periodista Breno Altman. “Solo habrá estabilidad cuando el nido de serpientes sea barrido de los cuarteles”, añadía Altman.

Si así es, esa estabilidad no va a llegar en breve.

Juan Miguel Muñoz es periodista y vive en Brasil. Ha sido corresponsal en Jerusalén y trabajado también en México.