JUAN GARCÍA
Bajo el pretexto de asegurar la independencia del poder judicial, se está fomentando la impunidad y la arbitrariedad. La independencia de los jueces no es más que el medio para conseguir la imparcialidad. Este último es el principio que debe regir la actuación de la magistratura, algo que a menudo se olvida y no se exige a los jueces que demuestran sus preferencias hacia los más poderosos.
No puede ser democrática una casta que proviene necesariamente de una clase media adinerada, en muchos casos hijos y nietos de otros magistrados. La elección popular de jueces dificultará tanto el lawfare como la complicidad con la corrupción y la evasión fiscal. Y sobre todo, no hay democracia cuando uno de sus tres poderes, el judicial, carece de cualquier tipo de legitimación popular.
