Sobre el “campeón y comisario” de los derechos humanos en el mundo

PASCUAL SERRANO

Si hay algún país que alardea de defender los derechos humanos en todo el mundo, ese es Estados Unidos. En nombre de esos derechos, impone sanciones a los países, congela fondos de otros gobiernos en el extranjero, ordena la detención de líderes mundiales e incluso de sus familiares e interviene militarmente en cualquier lugar del mundo.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos este mes de diciembre, echémosle una mirada a ese país que se arroga el papel de vigilante mundial.

Estados Unidos es el país desarrollado que menos tratados sobre Derechos Humanos ha ratificado. Es el único del mundo que aún no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más revalidado del mundo (195 estados), el otro país que quedaba por firmarlo fue Sudán del Sur, que lo hizo en 2015. Estados Unidos no lo ha ratificado porque en algunos de sus estados está vigente la pena de muerte a menores de edad.

De hecho, en su informe ‘Niños, niñas y adolescentes en el sistema penal adulto en Estados Unidos’, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que doscientos mil menores de 18 años son juzgados como adultos en Estados Unidos al año, debido a leyes en estados específicos.

Tampoco ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, ni la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni varios protocolos adicionales a otras convenciones.

Otra de las cuestiones más insultantes es que tampoco ha ratificado a la Corte Penal Internacional dedicada a enjuiciar a acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Todo ello mientras amenaza regularmente a líderes de países y a otros gobiernos con esa Corte Penal, pero ha dejado claro que ese tribunal no tiene jurisdicción sobre estadounidenses en ningún lugar del mundo.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció y exigió a Estados Unidos la detención inmediata de su política de separar a los niños de sus padres durante la administración Trump. Unos 5.500 menores de edad fueron separados de sus familias en la frontera con México en el marco de la política antimigratoria. Hubo que esperar a este mes de diciembre de 2023 para que un juez dictaminara la prohibición de estas separaciones.

Este mismo año 2023, la relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo de las Naciones Unidas Ashwini K.P. denunciaba a Estados Unidos en uno de sus informes por “sentencias de prisión racialmente discriminatorias y el impacto dispar de las sentencias de prisión en personas de ascendencia africana, personas latinas y personas de otros grupos raciales y étnicos, lo que resulta en violaciones del derecho internacional de derechos humanos”.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU mencionó el pasado año la ausencia de avances de Estados Unidos en varias cuestiones, incluida la prevalencia de los delitos de odio, la violencia con arma de fuego, el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y la violencia contra las mujeres.

Por su parte, el informe anual de Amnistía Internacional denunció el fin de los mecanismos federales de protección del derecho al aborto, la violencia sexual contra las mujeres indígenas, debido a una ley que garantizaba la impunidad cuando los agresores eran no indígenas, y un sistema de detención arbitraria y masiva de personas migrantes que supuso la reclusión diaria de 34.000 personas en 2022.

Existen otras graves denuncias incluidas en este informe. Por ejemplo, que ese año murieron al menos 1.093 personas por disparos efectuados por la policía. Sobre la pena de muerte, solamente en el estado de California esperan su ejecución 682 personas. Decenas de detenidos continúan recluidos de manera arbitraria e indefinida en el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba), en contravención del derecho internacional. Más de diez años después de que se recluyera a decenas de personas en el contexto de un sistema de centros de detención secreta gestionado por la CIA y autorizado desde 2001 hasta 2009, nadie había comparecido ante la justicia por los crímenes de derecho internacional y las violaciones sistemáticas de derechos humanos -como desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos- cometidos en el marco de ese programa.

Para la Unión Americana de Libertades Civiles, “Estados Unidos se proclama líder global en derechos humanos”, pero la ONU encuentra violaciones y abusos de diversos rubros en este país, como “la brecha inmensa entre leyes estadounidenses y las normas internacionales de procuración de las garantías fundamentales de los ciudadanos”, citando en particular “el ultraje a los derechos de la población indígena, al voto, a la libertad de expresión y de asamblea, equidad de género y de decisiones reproductivas, así como la reforma de leyes criminales y las garantías para los migrantes”, entre otras.

Y mientras se sucede este panorama dentro de las fronteras de Estados Unidos, su gobierno, el fin de semana que el mundo conmemoró el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, volvía a recordarnos que ellos son los guardianes de los derechos humanos en el mundo y anunciaba nuevas sanciones a varias personas por violaciones a esas garantías fundamentales en 13 países. Eso sí, pocas horas después, vetaba una resolución de la ONU para exigir un cese el fuego humanitario en Gaza y enviaba más municiones a Israel.

“Estados Unidos conmemora el Día de los Derechos Humanos y el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre con acciones para promover la rendición de cuentas por abusos y violaciones a las garantías civiles”, declaraba el secretario de Estado, Antony Blinken.

Pascual Serrano es periodista, analista de medios y escritor. Su último libro es “Prohibido dudar. Las diez semanas en que Ucrania cambió el mundo”