Topar precios, la propuesta social de la izquierda española para la crisis

PASCUAL SERRANO

Desde hace meses las propuestas de los sectores más a la izquierda del gobierno de coalición en España, el grupo Unidas Podemos, se basan en proponer limitaciones de precios a determinados productos y servicios como modo de conseguir aminorar el impacto de la inflación en las economías domésticas. Una inflación en torno al 10%, tanto en España como en la zona euro.

Un ejemplo es la de promover en los supermercados una cesta básica de alimentos topada en un precio de 30 euros. En principio sería, según la vicepresidenta Yolanda Díaz, buscar un acuerdo con las grandes superficies para poner un límite al precio de ciertos productos básicos, es decir, no se les obligaría. Por su parte, el ministro de Consumo denuncia que “hay distribuidoras y supermercados con 600 millones de beneficios que no aceptan hacer un esfuerzo”.

Quizás el caso más emblemático es el de los alquileres, donde la propuesta de congelar y regular los precios para evitar subidas es un elemento fundamental en las negociaciones entre los dos partidos de la coalición de gobierno, PSOE y Unidas Podemos. De momento ya se aprobó un decreto ley que impidió que los propietarios pudieran actualizar el precio del alquiler con la inflación o el Índice de Precios al Consumo (IPC), tal y como suelen incluir los contratos.

El proyecto de aprobar medidas legislativas que decreten limitación de precios de productos y servicios podría ampliarse a la electricidad, al teléfono y quién sabe a qué otros ámbitos.

Frente a la opción de topar precios, la derecha basa sus propuestas en limitar los impuestos, con el mantra de que a menos impuestos los ciudadanos disponen de más dinero para solventar sus necesidades. Pero el concepto bajar o subir impuestos es engañoso porque depende de a quién se le suba o baje, y a qué productos. No es lo mismo subir el impuesto de patrimonio a todos los que tienen más cinco millones de euros, que aumentar el IVA del pan. Y si la bajada de impuestos supone que el ciudadano debe asumir servicios que antes eran públicos y gratuitos (algunas prestaciones sanitarias, uso de autopistas, residencias de ancianos, pensiones, ayudas sociales…), no verá que vaya a mejorar su economía personal.

Ante esto, la izquierda institucional está centrando sus políticas sociales en limitar o regular precios. Las dudas que se plantean ahora acerca de estas medidas son varias: ¿son eficaces? ¿son justas? ¿son progresistas?

Lo primero que llama la atención es que, a diferencia de la histórica bandera de la izquierda de reivindicar el papel del Estado como proveedor de bienes y servicios, para eliminar así el beneficio empresarial e incorporar precios sociales, ahora se plantea simplemente que al suministrador privado se le obligue a bajar el precio. Esto genera algunas incertidumbres. En primer lugar porque presupone dos cosas: la primera que el prestador del bien o servicio gana mucho dinero, y la segunda que la justicia es que el consumidor pague menos por ello.

Supongamos el ejemplo de los alquileres de vivienda. El propietario puede ser un fondo de inversión, o un jubilado que alquila su segunda vivienda o una familia que alquila la que fue su primera vivienda para poder pagar la hipoteca de la vivienda actual, más amplia tras tener hijos. No olvidemos que en España, a diferencia del resto de Europa, más del 75% de la población es propietaria de su vivienda, lo que incluye todos los sectores sociales porque tradicionalmente la compra ha sido muy apoyada fiscalmente. En cuanto al inquilino, puede ser un obrero que gane malamente el salario mínimo, pero también puede que sea el ejecutivo de una empresa que se puede permitir pagar tres mil euros de alquiler por un apartamento de lujo en el centro de una gran ciudad, o una pareja de profesionales que ganen cada uno tres mil euros al mes y prefieren vivir de alquiler en un barrio céntrico y bien comunicado.

Imponer una limitación de los precios o de las subidas conforme el IPC supondrá que las supuestas medias sociales recaerían en una diferente casuística de propietarios, algunos quizás no acomodados, y beneficiar de esas medidas sociales a unos inquilinos, que no tienen por qué vivir en situaciones precarias. En el caso de grandes ciudades como Madrid y Barcelona se argumenta que el alquiler en algunos barrios es mayor de 1.500 euros mensuales y, por ello, se necesita limitar las subidas. De hecho la regulación del alquiler se plantea para las que se denominan “zonas tensionadas”, es decir, los barrios céntricos y caros. Pero quién ya esté pagando por alquilar una vivienda en un barrio céntrico de Barcelona esa cantidad (que es un 1,5 veces el salario mínimo) no parece que sea alguien muy necesitado de protección social, quizá el necesitado sea el que malamente consigue los 500 euros para vivir en la periferia. El de los 1.500 siempre se podrá ir a la periferia.

Ya anteriormente se estableció la prohibición de los desahucios en el caso de impago de alquileres, es decir, que los propietarios tuvieran que aceptar el impago del alquiler y asumir ellos el derecho constitucional de sus inquilinos a una vivienda.

Veamos el ejemplo de la limitación del precio de alimentos. De nuevo hay que pensar en cómo afecta socialmente en el vendedor y en el comprador. Una vez más se trata de una medida que no actúa selectivamente sobre los sectores más populares, los ricos también compran patatas, leche y fruta. Es como cuando la izquierda critica la bajada del IVA, recordando que no es una medida progresiva puesto que es igual para todos, no es más beneficiosa para los humildes.

Por otro lado, si se logra (de forma obligada o negociada) limitar el precio en las grandes superficies, la consecuencia es que los pequeños comercios o se ven obligados también a bajar los precios o perderán mercado. De nuevo, sectores humildes que acaban perjudicados.

Otra propuesta es limitar también a los bancos los precios de las hipotecas. Sin duda alguna los bancos no deberían merecer ninguna conmiseración a la hora de limitarles sus beneficios, pero ¿por qué solo deben beneficiarse los tenedores de hipotecas, sean ricos o pobres, dando igual si están pagando la hipoteca de una modesta vivienda en un barrio obrero o la hipoteca de una residencia de lujo en la playa? ¿no sería más lógico, puestos a buscar en los bancos una forma de actuación social, que devuelvan los miles de millones del rescate bancario que pagamos todos en la crisis del 2008?

Si se observa bien, la medida de topar los precios, básicamente, consiste en un Estado que se desentiende de la prestación del servicio o subvencionarlo socialmente y se limita a decir a caseros y vendedores de alimentos que los hagan todo más barato. O que lo garanticen ellos, como en el caso del propietario que debe proporcionar vivienda al inquilino que no puede pagarla. En conclusión, lo que se está proponiendo es que los caseros, los bancos o los supermercados garanticen unos derechos a los ciudadanos que debe garantizar el Estado.

Tampoco se entiende que se señale exclusivamente a sectores como la vivienda o la alimentación. Es verdad que son básicos, pero también lo es la ropa, el calzado, un dentista o un fontanero. Y no existe ninguna propuesta para obligarles a bajar los precios. Recordemos que la empresa de ropa Inditex ha logrado un aumento de nada menos que el 41% en sus beneficios semestrales: 1.794 millones de euros. Y ningún gobierno parece plantearse que deba limitar el precio de su ropa por razones sociales. De hecho la patronal alemana de viviendas, ante las dificultades de los inquilinos para afrontar el coste de sus mensualidades, lo que pide es que se tope el precio de la energía puesto que, como bien señala, es el origen de los problemas financieros de los ciudadanos.

El razonamiento de la izquierda institucional española de que propietarios de viviendas y distribuidores de alimentación ganan mucho dinero ya hemos visto que no es tan preciso. En cualquier caso, lo que habría que hacer en un Estado social sería incrementar los impuestos sobre las ganancias, de esa forma el que gane mucho verá limitados sus ingresos en beneficio de la comunidad y el que no gane tanto no se verá perjudicado. De hecho los propietarios de viviendas alquiladas disfrutan de una desgravación del 60% de sus ingresos, está peor tratado fiscalmente el dinero que ingresas trabajando que el que ingresas alquilando una casa.

Se podría aducir que, ante la dificultad, imposibilidad o falta de audacia para establecer que el Estado pueda ampliar sus competencias, quizá limitar los precios puede ser al menos un paliativo para para aliviar los estragos de la inflación en la gente con menos recursos. El problema es que, en un marco de economía de mercado, es decir, si el productor es un privado, obligarle a bajar el precio por decreto puede no ser tan eficaz. Cuba ha tenido durante años topados los precios de muchos productos agrícolas, pero lo que lo que provocaba es que a los agricultores dejó de interesarles aumentar la producción o dedicarse a cultivar un producto de precio topado, con lo cual lo que se provocó es desabastecimiento. Si pones un precio limitado a las patatas, el agricultor preferiría plantar cebollas. Es lo que puede suceder todavía más en los países capitalistas donde el productor tiene mucha más autonomía que en Cuba. El gobierno cubano comprendió que la solución para que bajara el precio de las patatas solo podía ser producir más patatas. O que el Estado subvencione la compra pagando una cierta cantidad al agricultor, y entonces sí que podrá exigirle que las venda por debajo del precio de producción.

En la caso de la vivienda alquilada podría suceder algo parecido. Al limitar el precio del alquiler, los caseros optan por no alquilar, prefieren vender o mantener las viviendas cerradas, la oferta disminuye y el resultado es el contrario del deseado. Otra opción sería que el Estado intervenga en el mercado ofreciendo el servicio para aumentar la oferta y bajar los precios, por ejemplo construyendo o gestionando viviendas sociales. Es lo que ha sucedido con el transporte ferroviario, la empresa era pública y se ha subvencionado para mejorar la economía de las familias.

En los casos relativamente recientes en que un gobierno progresista decidió tomar medidas para abaratar los precios en países de un capitalismo avanzado fue nacionalizando parcial o totalmente alguna empresa. Lo hizo Bolivia cuando nacionalizó las hidroeléctricas y el sistema de pensiones, y Venezuela con la telefonía y también una empresa cárnica y otra de arroz. Recientemente también Francia ha nacionalizado su mayor eléctrica. Es decir, comprendieron que el Estado no tiene capacidad de dominar los precios privados mediante decreto si no interviene en la propiedad de las empresas. Lo mismo ha hecho Alemania. Este mes de septiembre se ha anunciado que se nacionaliza la eléctrica Uniper, que pasará a ser controlada en más del 99% de sus acciones por el Estado alemán. La adquisición se financiará por el banco público alemán.

De ahí que las verdaderas medidas eficaces y de izquierda serían un parque de viviendas públicas sociales, un banco público con hipotecas sociales y un ingreso mínimo vital que asegurase el acceso a la alimentación. Y, efectivamente, para eso habrá que disponer de recursos públicos que se lograrían aumentando los impuestos a los ricos, sean caseros, bancos o supermercados o cualquier otro sector productivo o social que esté teniendo muchos ingresos.

Los ejemplos analizados proceden de la situación española, pero creo que es un debate que se producirá en otros países occidentales ante la nueva situación de crisis económica y la necesidad de, desde la izquierda, pensar propuestas paliativas para las familias.

La opción de limitar precios sin tocar el sistema ni ampliar las competencias del Estado es un error, puede ser injusto como hemos visto y, sobre todo, no es de izquierda. No puede el Estado inhibirse de prestar servicios y derechos y presentar como social el obligar a empresas y particulares a que lo hagan. Es como decir que las panaderías deben dar pan, los hospitales privados atender gratis a los enfermos y los dueños de las casas aceptar que no les paguen el alquiler. Izquierda es un Estado que produce pan para todos, que desarrolla una sanidad pública y que proporciona vivienda.

Pascual Serrano es periodista y escritor. Su último libro “Prohibido dudar. Las diez semanas en que Ucrania cambió el mundo”