Suso de Toro: Me declaro en contra de la idea de la España unitaria y centralista encarnada por la Casa de Borbón

JAYRO SÁNCHEZ

Suso de Toro es un escritor gallego con más de veinte libros publicados de narrativa, teatro y ensayo. Ha recibido diversas distinciones, entre ellas, el Premio Nacional de Narrativa de España por su novela “Trece badaladas” (Trece campanadas) o el de la Crítica por “Tic-Tac”.

En 2019 se presentó a las elecciones generales cerrando la lista por A Coruña del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Charlamos con él sobre el modelo territorial y el hecho de que se pueda hablar por primera vez estos días en galego, catalá y euskera en el Parlamento de España. 

El Congreso de los Diputados español aprobó la semana pasada por mayoría absoluta una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara Baja que permitirá a sus miembros hacer uso de las lenguas cooficiales en el transcurso de su actividad parlamentaria. ¿Cómo se ha acogido esta noticia entre los colectivos denominados como «nacionalistas periféricos»?

Antes de nada, me gustaría decir que el término «nacionalismo periférico» no se atiene a mi concepción política e ideológica de la España plurinacional. Mi país, antes que ningún otro, es Galicia, aunque es evidente que está sometido a un sistema de relaciones de poder cuyo punto central se encuentra en Madrid.

En cuanto a la reforma del Congreso, creo que está teniendo un efecto mayor del que muchos pensaban que iba a alcanzar. Ciertas fuerzas políticas y medios de comunicación llevan días diciendo que va a costar mucho dinero implementarla, pero me gustaría que los lectores compararan los gastos que va a suponer con las cifras de los presupuestos destinados todos los años a la Casa Real o a las fuerzas de la OTAN.

La disposición no tiene consecuencias sobre las estructuras de poder político ni de dominio económico… Solo tiene un efecto ideológico, porque el Estado español se basa en la idea de que sus súbditos tenemos una ideología, un idioma y una cultura nacional homogéneas. Pero esta imagen no se corresponde con la de nuestra realidad social. Muchos de sus integrantes tenemos otra cultura y otra lengua, y, hasta ahora, no se nos había representado de la manera adecuada en las instituciones de Madrid.

En realidad, los cambios solo se han tachado de perturbadores en ciertas zonas de la península en las que la idea de la «nación española» se basa en la lengua castellana, el sistema político monárquico, la bandera rojigualda y algunos otros elementos culturales. Aquí, la reforma se ha visto de otro modo. Muchos nacionalistas gallegos piensan que representa un mecanismo integrador, y celebran su aprobación como una victoria.

Aunque, en mi opinión, hay un hecho que a la mayoría de las personas se les escapa: ahora estamos más representados dentro del Parlamento de Madrid, pero el problema es que nunca lo hemos considerado como una institución propia.

“SE ABRE UNA ÉPOCA DE CAMBIOS PARA LAS RELACIONES POLÍTICAS INTERNAS EN ESPAÑA”

La tramitación de la reforma parece un gesto del Gobierno en funciones hacia los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, cuyo apoyo parlamentario es esencial para conseguir una nueva investidura presidencial de Pedro Sánchez. ¿Es un simple guiño o el precedente de una reformulación general de la política territorial?

¿Conoce usted el dicho de: a la fuerza ahorcan? Nadie va hacia la soga de buen grado, y creo que el líder del actual Consejo de Ministros no supone una excepción a esta regla. El resultado paradójico de las últimas elecciones está marcado por un profundo desconocimiento de lo que ocurre en Cataluña.

Los catalanes que han votado a Junts per Catalunya (JxCat) lo han hecho porque significaba apoyar una política de resistencia frente a la que ha propugnado el Estado centralista. Muchos de los parlamentarios del Congreso madrileño prefieren las propuestas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a las del partido de Puigdemont porque son más integradoras.

La parte de la sociedad catalana que apoyaba a JxCat ha obligado al Estado español a pactar en serio. Desde su exilio en Bélgica, el expresident ha remarcado con claridad que quería concesiones por adelantado porque se sentía estafado por los Gobiernos de Madrid y no se fiaba de ellos. Es normal. Desde mi punto de vista, Sánchez ha llegado a un acuerdo porque se ha visto obligado a hacerlo.

La actitud del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero respecto a las fuerzas nacionalistas era diferente. Él fue el primer líder del Estado español que habló de un país plural. Era consciente de que el concepto de «nación» es muy discutible hoy en día, y, durante su permanencia en el poder, hizo un gesto de buena voluntad hacia sus contrapartes trasladando instituciones gubernamentales de Madrid a Barcelona.

Las estrategias pactistas no eran la primera opción del programa político de Sánchez, pero este no puede desandar los pasos que ha dado. Ya ha hecho gestos significativos, de modo que hay un camino abierto real para continuar dialogando. Ahora tiene que venir la amnistía, una de las condiciones sine qua non de Junts.

Hace pocos meses, el presidente del Gobierno decía que iba a trasladar a Puigdemont a Madrid y que lo iba a meter en la cárcel. Hablaba como si fuera un emperador romano que llevara a un galgo por el pescuezo o atado a su carro… Pero se ha visto forzado a cambiar su discurso. Yo creo que se darán nuevos pasos con significación política, y que se abre una época de cambios para las relaciones políticas internas en España.

Menciona a Cataluña, pero usted es gallego. ¿Estos cambios se realizarán en toda España?

Los obtendrán las nacionalidades que se lo ganen. Por desgracia, en nuestro país tenemos un Gobierno presidido por el Partido Popular (PP). En estos momentos, el BNG es la primera fuerza de oposición y tiene una buena candidata: Ana Pontón. Pero el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) siempre ha sido muy débil en Galicia, y ahora, en particular, está en un momento bastante bajo. Está claro que tenemos que hacer más trabajo político para conseguir lo que queremos.

Habla de la España plural, aunque los movimientos nacionalistas de las distintas regiones también están divididos entre sí porque tienen proyectos políticos muy diversos. ¿Cómo podrían configurar un aparato estatal alternativo y plurinacional?

Hace años, discutí sobre este tema con un diplomático francés y le intenté hacer ver que la sociedad española está dividida y que tiene un problema de integración interna que va a obligarla a repensar las ideas de «patriotismo» y de «nación». La creación del nuevo Estado tiene que hacerse en base a proyectos políticos de coexistencia. Pero los dirigentes de la actual estructura institucional lo van a tratar de impedir a toda costa.

Si usted se detiene a pensarlo, todo está en Madrid. Las principales líneas ferroviarias, el centro de la red de carreteras, el aeropuerto con más conexiones internacionales del país, los medios de comunicación más importantes… Todo ello indica cómo funcionan las relaciones de poder territorial dentro del Estado español.

Por ejemplo, ciertas empresas energéticas se dedican a extraer los productos que necesitan en Galicia, pero luego cotizan por sus actividades comerciales en la capital española. Al final, nosotros nos llevamos todos los perjuicios y no obtenemos ningún beneficio.

El proyecto de la España plurinacional debe basarse en la existencia de varios centros de poder que estén repartidos por todo el territorio de la península. Tenemos que defendernos del gran agujero negro que es Madrid, que acapara todas las oportunidades de trabajo, los centros educativos, las sedes de las empresas y el talento de los jóvenes.

Está claro que hay que buscar un encaje político que se plantee como una alternativa al actual, pero las fuerzas que vayan a promoverlo deben tener poder tangible. Si estamos teniendo esta conversación, es porque Cataluña se ha defendido y ha conseguido construir mecanismos de fuerza propia que le permiten negociar.

“LA UE NO SE BASA EN UNA UNIÓN DE SUS PUEBLOS, SINO EN UN ‘INTERCAMBIO DE CROMOS’ ENTRE LOS ESTADOS QUE LA COMPONEN” 

El ministro de Exteriores, el señor Albares, también lucha en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE) para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales españolas a nivel europeo. Hasta ahora, Finlandia y Suecia no se han opuesto de manera abierta, pero tienen sus dudas…

Son países que cuentan con una histórica tradición reaccionaria y derechista. En estos momentos, Finlandia es el Estado más favorable a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, en sus siglas en inglés), la hegemonía estadounidense y la desaparición de Europa. Pero fíjese, por ejemplo, en el caso de Dinamarca. Hace tres días, aprobó el reconocimiento político y el uso de las lenguas islandesa y feroesa en su Parlamento.

En Europa, la actitud a favor o en contra de tales medidas está caracterizada por los pactos intraestatales. La UE no se basa en una unión de sus pueblos, sino en un «intercambio de cromos» entre los Estados que la componen. El éxito de la propuesta sobre nuestras lenguas dependerá de la presión que pueda ejercer el Estado español sobre sus homólogos para imponerla.

De hecho, eurodiputados del BNG como Camilo Nogueira o Ana Miranda ya se expresan en gallego en las instituciones europeas… Aunque lo hacen en su variante portuguesa. Por eso nos gustaría contar con el reconocimiento político de nuestra lengua.

Por sus últimas intervenciones, está claro que ciertos sectores de la sociedad española no se sienten cómodos con el modelo territorial planteado en la Constitución de 1978. ¿Qué modificaciones concretas querrían realizar ustedes sobre él?

Creo hablar por todos los que reivindican la idea de la España plurinacional, ya sean de Galicia, el País Vasco, Cataluña, Valencia u otras regiones, cuando afirmo que nuestra disidencia política se fundamenta, entre otras cuestiones, en los valores republicanos. Me declaro en contra de la idea de la España unitaria y centralista encarnada por la Casa de Borbón.

Por lo tanto, lo primero que haríamos sería cambiar el marco institucional monárquico por uno de carácter republicano y federal o confederal. El siguiente paso consistiría en establecer pactos de soberanía entre las distintas ciudadanías: la gallega, la catalana, la castellana, la vasca… Rechazamos por completo la idea de «nación española», que, en realidad, nació en el siglo XIX, durante la Restauración borbónica (1874).

Insisto en la idea que antes desarrollaba sobre los diferentes proyectos políticos dentro de cada República federal. ¿Cómo se habría de gestionar esta compleja pluralidad?

Durante la agonía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), algunos de sus antiguos componentes se proclamaron como Estados separados de la antigua federación. Estos fueron los casos de Estonia o Lituania, cuyos Parlamentos declararon la independencia.

En Cataluña, lo que ocurrió hace seis años fue algo parecido. El ente que proclamó su división unilateral del Estado español fue la Generalitat, una institución que tiene sus orígenes en el siglo XIV d.C., que fue reconocida por la Segunda República y que existió en el exilio durante el franquismo hasta que pudo volver a reintaurarse en el año 1977 gracias a Josep Tarradellas.

Aunque hoy nadie lo recuerde, en los años 1990, el Parlamento gallego debatió el derecho de autodeterminación. Hoy sería delito porque, desde entonces, el Tribunal Constitucional ha legislado de muchos modos para eliminar los derechos de expresión y discusión… Es en las instituciones representativas de existencia previa donde se deben dirimir estas cuestiones.

“SÁNCHEZ ES UN PERSONAJE POLÍTICO MUY INTELIGENTE, AUNQUE YO DIRÍA QUE CARECE DE CONVICCIONES PROFUNDAS”

La polémica sobre la política territorial española ha resurgido a partir del anuncio de los resultados de las últimas elecciones generales, celebradas hace dos meses. El bloque conservador del Congreso, integrado por el PP y Vox, se opone con ahínco a la aprobación de la reforma sobre las lenguas cooficiales. ¿En qué argumentos se basan para ello?

Estos partidos políticos expresan los intereses ya establecidos de la oligarquía española. A sus líderes no les interesa que se alteren las reglas del poder, y el desafío de Jxcat les ha obligado a tomar medidas.

Hace unos días, varios medios de comunicación publicaron una noticia que decía que el 90% de las grandes fortunas españolas declaradas residen en Madrid. Como le decía antes, allí está todo: los funcionarios del Estado, los abogados, los tribunales, las contribuciones fiscales de las empresas…

El PP y Vox defienden esa estructura junto con algunos sectores del PSOE, como los que representan Felipe González, Alfonso Guerra, Emiliano García Page, Guillermo Fernádnez Vara o Javier Lambán. Pero entre los socialistas hay otros líderes más proclives al diálogo democrático.

Sánchez está entre medias porque es un personaje político muy inteligente, aunque yo diría que carece de convicciones profundas. Sin embargo, su pragmaticidad le permite dialogar con comodidad. Y el diálogo es necesario en esta clase de situaciones. Es muy probable que siga al frente del Consejo de Ministros en el futuro próximo.

En el caso de que las tesis políticas que usted defiende se vieran respaldadas y mayoría del país las quisiera aplicar, habría que reformar la Constitución. ¿Qué condiciones se requerirían para ello?

La modificación del texto constitucional depende de la correlación de fuerzas. Hace unos años, Zapatero pactó con Rajoy para evitar la intervención de la UE sobre el Estado español por la grave crisis financiera del 2008. En Italia, el Banco Central Europeo (BCE) apartó del poder al expresidente Silvio Berlusconi por los mismos motivos. Para que la hija del rey Felipe VI pueda sucederle en el trono, se tendrá que reformar la Constitución…

Por lo tanto, ese no es el problema. La clave está en si se abre o no una crisis que desemboque en un proceso constituyente. Para ejecutar una transformación de semejante magnitud, los nacionalistas republicanos deberían tener un importante respaldo social y concretar acuerdos con la izquierda centralista. Entonces se podría convocar un referendum para que los ciudadanos eligieran si siguen queriendo formar parte de un sistema político monárquico o cambiarlo por uno republicano.

La cuestión es que, para evitar la proclamación del plurinacionalismo en España, el actual régimen español se configuró de forma que el Jefe de las Fuerzas Armadas fuera un rey de la Casa de Borbón. La situación ideal para que todos pudiéramos debatir sin miedo sería quitarles ese poder a los monarcas.

Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué perspectivas cree que nos aguardan?

Hoy mismo me cruzaba con un amigo por la calle y le comentaba que tengo la seguridad de que voy a morir sin ver proclamada una República. Son palabras algo pesimistas, aunque usted tiene que entender que he nacido durante la dictadura de Franco y he pasado gran parte de mi vida viviendo bajo el régimen posfranquista.

Pero bueno, nada es imposible. Nadie hubiera dicho que la URSS fuese a colapsar, ni que los norteamericanos perderían las guerras en Vietnam y Afganistán…. Nunca se sabe. A lo mejor todavía tenemos una sorpresa.

Jayro Sánchez es periodista español