España: Leyes para proteger a los que violan las leyes

PASCUAL SERRANO

La paradoja de algunas medidas supuestamente progresistas del gobierno español es que se diseñan para garantizar derechos si previamente, a título personal, has vulnerado las leyes. Me explico. Si una familia en situación de vulnerabilidad se acerca a los servicios sociales o se apunta en los listados públicos para acceder a una vivienda social, necesitaría años para lograrla y probablemente nunca se la ofrezcan. No verá cumplido su derecho constitucional a una vivienda.

Pero si firma un contrato de alquiler donde se compromete a pagar una cantidad mensual y lo incumple dejando de pagar, la legislación que impide desahuciar a un inquilino vulnerable le permitirá seguir en esa vivienda. Se trata de la norma que se aprobó en la pandemia, mediante un Real Decreto-Ley, dentro del paquete de acciones de emergencia para proteger a personas vulnerables frente a los efectos sociales y económicos de la COVID-19. Incluía la suspensión de los desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional por impago de rentas. Desde entonces se ha ido prorrogando hasta la actualidad. En estos momentos es objeto de debate y votación en el Parlamento. Las administraciones no resuelven a estas familias vulnerables alternativas habitacionales y solo mediante este mecanismo de impago logran su derecho constitucional a una vivienda.

Una mujer marroquí que venga a España a recoger fresa con un contrato de tres meses con el compromiso de volver a su país al finalizar el contrato, si cumple ese contrato y el compromiso adquirido, al cabo de esos tres meses estará viviendo en su localidad marroquí, no tendrá residencia en España, ni ninguno de los derechos españoles, y por supuesto no podrá acceder a ninguna oferta de trabajo para residentes españoles. Se trata de los denominados contratos en origen. Son contratos temporales, habitualmente para trabajos agrícolas, de una duración aproximada de tres a seis meses, en que la trabajadora se compromete por escrito a regresar a Marruecos.

El pasado 27 de enero, el gobierno español aprobó la tramitación de una regularización extraordinaria de inmigrantes que beneficiará a más de 500.000 personas que se encuentran de forma irregular en España. Ahora se paralizarán sus trámites de expulsión y podrían trabajar legalmente. La única condición es demostrar que llegó a España hace más de cinco meses y no tener antecedentes penales.

Si alguna de las mujeres que vino mediante los contratos de origen, no cumplió el compromiso de vuelta a Marruecos, dos meses después del cumplimiento de su trabajo, según la nueva normativa aprobada, podrá acceder a la residencia española. Podrá ser contratada de nuevo en España para cualquier trabajo, cobrar subsidios de desempleo y ayudas sociales. Beneficios que, como señalamos al principio, no tendrá la que cumplió el contrato y volvió a Marruecos.

Desde el punto de vista de las luchas sociales, se podría argumentar que las conquistas nunca se han logrado con la sumisión, y que ha sido la rebelión y la no aceptación de las leyes y normas injustas el motor de los avances. Las huelgas, las manifestaciones, y numerosas formas de protesta se hacen violando las leyes porque se entiende que lo que se está reclamando tiene más valor para la sociedad y los más débiles que las normas que violamos cuando estamos reivindicando.

Pero en estos casos que he expuesto no hay rebelión ni lucha colectiva, hay simplemente picaresca personal, gente que ha sorteado la ley para lograr su beneficio y que no ha ayudado a conquistar ningún derecho para los otros. A lo cual no tengo nada que objetar, mi crítica es al sistema, no a los individuos que utilizan todos los resortes posibles para sobrevivir. Es como si se amnistiara o se aceptara a los que hubieran hackeado la lista de espera del hospital para poder ser atendidos de su problema de salud sin tener que esperar dos años y medio que soportan todos los demás. Claro que es justo reclamar que te operen de cataratas antes de dos años, pero ¿es esa la forma en que se consigue y con el beneplácito de los gobernantes?

El problema es que los vulnerables que no alquilen un piso y dejen de pagar seguirán sin vivienda, y los extranjeros de países pobres que pretendan lograr un visado en el consulado español para trabajar o que cumplan el compromiso de retorno después de un contrato temporal, volverán a la pobreza de su país. No se está consolidando ningún logro social, solo se trata de parches para los avispados.

Tampoco sirve decir que estas opciones al menos permiten satisfacer las necesidades de algunas personas. Es un error que, en uno de los pocos gobiernos progresistas que va quedando en Europa, en nombre de la izquierda y la justicia social, los derechos se logren a costa de premiar a quienes se burlan de las leyes y castigar a quienes las aceptan. Unas leyes además aprobadas por los mismos que después premian su violación. Es lo que tiene querer poner una vela a dios y otra al diablo. Las leyes deben crearse para proteger a los débiles no para que los débiles consigan la justicia cuando las violen.

La izquierda debería pensar en soluciones de vivienda para los vulnerables que no incumplan contratos y para los extranjeros que quieren entrar a nuestro país con papeles a trabajar.

Pascual Serrano es periodista y escritor. Su último libro es “Prohibido dudar. Las diez semanas en que Ucrania cambió el mundo”